El superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, oficializó la designación de Ricardo Bellagio como Delegado Liquidador de la Obra Social Atanor, una decisión que generó repercusiones debido a la trayectoria del funcionario dentro de anteriores administraciones nacionales.

La medida fue formalizada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial y le otorga a Bellagio la responsabilidad de conducir el proceso de liquidación de la entidad. Entre sus funciones estarán la administración de los bienes de la obra social, la eventual venta de activos, la cancelación de obligaciones pendientes y la ejecución de todas las acciones necesarias para concluir el proceso dentro de un plazo de 180 días.

La designación llamó la atención por el recorrido de Bellagio en el sistema de salud argentino. Durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner ocupó la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo encargado de regular y supervisar el funcionamiento de las obras sociales y entidades de medicina prepaga.

Contador Público egresado de la Universidad de Morón y con formación de posgrado en gestión sanitaria, Bellagio ha desarrollado gran parte de su carrera profesional vinculada al sector de la salud. Su paso por la Superintendencia se produjo entre 2009 y 2012, en una etapa marcada por la compleja relación entre el Gobierno nacional y distintos sectores sindicales.

A lo largo de su trayectoria también participó en diversos espacios de gestión relacionados con el financiamiento y la administración del sistema sanitario. Su nombre, además, apareció mencionado en investigaciones judiciales vinculadas a irregularidades en el sector de los medicamentos, aunque sin que ello derivara en condenas que le impidieran continuar desempeñándose en funciones públicas.

Fuentes del ámbito sanitario señalan que la actual conducción de la Superintendencia respaldó la incorporación de Bellagio para encabezar el proceso de liquidación de la obra social, una tarea que requerirá el seguimiento administrativo y financiero de la entidad hasta su cierre definitivo.

La decisión se suma a una serie de movimientos dentro del sistema de salud que buscan reorganizar organismos y entidades en situación crítica, en un contexto de fuertes transformaciones impulsadas por el Gobierno nacional en materia de regulación y financiamiento del sector.