El Gobierno ha decidido implementar nuevas regulaciones sobre la esencialidad de la actividad aeronáutica, tanto civil como aerocomercial, tanto pública como privada, en todo el país. Esta medida, anunciada por el Ministerio de Capital Humano, ha encendido una nueva chispa en el ya tenso conflicto entre las autoridades y los sindicatos del sector.

El Ministerio, encabezado por Sandra Pettovello, argumenta que la medida es necesaria para garantizar un nivel mínimo de servicios esenciales en caso de conflictos laborales que puedan interrumpir las actividades aeronáuticas. La decisión se toma tras un reciente paro por parte de los gremios APLA y APA, durante el cual no se cumplieron los servicios mínimos que la Ley 17.285 exige para casos de esencialidad.

Julio Cordero, Secretario de Trabajo, subrayó la urgencia de la medida, afirmando que la ministra Pettovello ha insistido en la necesidad de proteger a los ciudadanos de las interrupciones en un sector clave para la conectividad, el comercio y el transporte de pasajeros. La nueva normativa prevé que, en caso de desacuerdo sobre los servicios mínimos, será la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la que intervenga para establecer las condiciones necesarias, con sanciones previstas para el incumplimiento de estos acuerdos.

Sin embargo, la respuesta de los sindicatos no se ha hecho esperar. Juan Pablo Mazzieri, secretario de prensa de la Asociación de Pilotos (APLA), criticó la medida, alegando que la "esencialidad" que el Gobierno pretende imponer podría ser objeto de denuncia penal. Según Mazzieri, esta regulación contraviene los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tienen carácter supra legal en Argentina, y se percibe como un intento de limitar el derecho a huelga mientras se imponen condiciones salariales desfavorables.

Las dirigencias sindicales consideran que la nueva normativa no solo amenaza el derecho a huelga, sino que también busca mantener salarios a la baja en un contexto de creciente descontento. Este endurecimiento en la regulación de la esencialidad podría no solo incrementar las tensiones actuales, sino también generar un nuevo escenario de confrontación entre el Gobierno y los sindicatos en un sector vital para el país.