Horas después de la derrota legislativa que sufrió el oficialismo, el ministro de Economía, Luis Caputo, firmó la Resolución 1240/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, mediante la cual se habilita el pase a disponibilidad de más de 300 empleados de planta permanente pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

La medida se enmarca en el régimen de disponibilidad contemplado por la Ley Bases y se presenta como el primer paso hacia una nueva ola de despidos en organismos estatales estratégicos. En el anexo de la resolución figura el listado del personal alcanzado por la decisión.

Cruce con ATE y rechazo sindical

La disposición generó un inmediato rechazo sindical. El secretario general de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano, cuestionó con dureza a Caputo en redes sociales: “Mientras senadores y diputados defienden al Estado y a sus trabajadorxs, vos seguís desconociendo al Poder Legislativo. Sos una mierda”, escribió.

Por su parte, ATE Nacional recordó que ya presentó ante la Justicia una medida cautelar para frenar los pases a disponibilidad que dispusieron los Ministerios de Economía, Capital Humano y Desregulación y Transformación del Estado. “El régimen de disponibilidad que dispuso el Gobierno es ilegal, arbitrario y viola derechos laborales consagrados en la Constitución”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio.

Contexto y disputa judicial

La ofensiva oficialista se produce en medio de un clima político tenso, tras el rechazo parlamentario al DNU que otorgaba a Caputo control sobre estos organismos. Para ATE, la decisión del Ejecutivo “excede sus atribuciones” y no cumple con los requisitos legales para declarar a agentes en disponibilidad.

“No podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima”, advirtió Aguiar, anticipando que el conflicto se judicializará.

La situación profundiza la tensión entre el Gobierno y los gremios estatales, en un escenario de ajuste estructural y creciente resistencia sindical.