En una situación que rememora los oscuros tiempos de la represión estatal, fuerzas de seguridad, bajo las órdenes del Ministerio de Seguridad dirigido por Patricia Bullrich, detuvieron micros con militantes, vecinos y jubilados que se dirigían pacíficamente a una movilización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo de la marcha era manifestarse contra el veto a la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Los manifestantes, en su mayoría pertenecientes al Movimiento Octubre y otras organizaciones sociales, quedaron retenidos en el peaje de Hudson, donde las autoridades les impidieron continuar su trayecto hacia la capital. "Nos tienen secuestrados", denunciaron los presentes, quienes reportaron que no se les brindó ninguna razón clara ni se les permitió avanzar. "Estamos en la autopista, en el peaje de Hudson, con los compañeros. Por orden del Ministerio de Seguridad no nos dejan avanzar. Cuando preguntamos el motivo, no nos lo explican", relató uno de los manifestantes.

Según testimonios, la Gendarmería y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) estuvieron presentes en el operativo, pero no realizaron ningún tipo de control sobre los vehículos ni la documentación de los choferes, lo que aumentó las sospechas sobre el verdadero motivo de la retención. "Primero nos pidieron los datos de qué organizaciones éramos y los responsables, pero no los papeles del micro ni de los choferes", indicaron los afectados.

El operativo, que se percibe como una clara violación al derecho de protesta y circulación, fue denunciado como una estrategia del gobierno de Milei para acallar las voces que se oponen a sus decisiones. Los manifestantes señalaron que la orden directa del Ministerio de Seguridad es que ningún micro con destino a la movilización ingrese a la Ciudad de Buenos Aires. En caso de intentar hacerlo, los vehículos serían secuestrados y los pasajeros obligados a continuar a pie hacia el Congreso Nacional.

Esta detención masiva de ciudadanos en plena autopista es vista por muchos como un intento de sofocar el creciente descontento social en torno a la política jubilatoria del actual gobierno. La medida genera fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y sectores políticos que ven en esta acción un atentado contra las libertades fundamentales.

Mientras tanto, los manifestantes siguen retenidos, exigiendo respuestas y, sobre todo, la posibilidad de ejercer su derecho constitucional a protestar pacíficamente.