El gremio de estatales presentó una querella ante la Justicia laboral contra el Poder Ejecutivo. Acusa al Gobierno de omitir la negociación paritaria y vulnerar derechos fundamentales de los trabajadores.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) presentó este lunes una querella judicial contra el Gobierno nacional por considerar que incurrió en una “práctica desleal” al disponer el pase a disponibilidad de más de 800 trabajadores de planta permanente en la ex cartera de Desarrollo Social, hoy Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), dependiente del Ministerio de Capital Humano.

La presentación, realizada ante la Justicia laboral, denuncia una conducta antisindical y exige medidas urgentes para proteger a los empleados afectados. El sindicato que lidera Andrés Rodríguez solicitó además una medida cautelar que frene los efectos de las resoluciones oficiales y garantice la transparencia del proceso.

Entre los puntos centrales de la denuncia, UPCN menciona en primer lugar el "silencio informativo oficial", aludiendo a la falta de entrega de datos básicos que el Gobierno está obligado a proporcionar a los gremios, según lo estipulan los artículos 112 y 113 del Convenio Colectivo de Trabajo 214/2006.

En segundo lugar, la querella critica la “imposición unilateral” de las Resoluciones 126 y 130/2025 del Ministerio de Capital Humano, que según UPCN se implementaron sin convocar a la comisión paritaria, ámbito natural de diálogo entre el Estado empleador y los sindicatos.

El tercer eje de la acusación refiere a la “vulneración de derechos laborales y sindicales”, señalando que las medidas adoptadas por la cartera de Sandra Pettovello afectan de forma directa principios protegidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“La gravedad de esta situación es inédita. El Gobierno ha marginado por completo a las organizaciones sindicales y ha avanzado sin respetar los procedimientos establecidos, comprometiendo el sustento de cientos de familias trabajadoras”, sostiene el escrito judicial.

La medida cautelar solicitada por el gremio busca la suspensión inmediata de los pases a disponibilidad, el restablecimiento del estado previo a su aplicación y la entrega urgente de la información prevista por convenio. Además, exige que no se avance con nuevas desvinculaciones hasta que se reanuden los canales formales de negociación colectiva.

UPCN también advirtió sobre la posible inconstitucionalidad de las recientes reformas legislativas que habilitan despidos sin garantizar la estabilidad laboral ni el diálogo con los sindicatos. A su vez, el gremio dejó asentada la “reserva del caso federal” y no descarta acudir a organismos internacionales en defensa de los derechos de los trabajadores del Estado.