Después de diez días de huelga por tiempo indeterminado y una masiva protesta que sacudió la provincia de Tierra del Fuego, los gremios metalúrgicos y jerárquicos alcanzaron un acuerdo clave con las empresas electrónicas que operan en la isla. El pacto, que busca frenar el impacto de las recientes medidas del Gobierno Nacional sobre la importación de productos tecnológicos, garantiza que no habrá despidos en el sector hasta el 31 de diciembre de 2025, resguardando alrededor de 8.000 puestos de trabajo.

El conflicto estalló tras el anuncio oficial de reducir progresivamente los aranceles para productos electrónicos importados, lo que generó alarma tanto entre trabajadores como entre fabricantes locales. La medida, que incluye una baja del 0% para celulares a partir de enero de 2026, fue percibida como una amenaza directa a la industria fueguina, altamente dependiente de la protección aduanera.

La negociación, que se desarrolló en Buenos Aires, involucró a representantes de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) y de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), bajo la conducción de Abel Furlán. También participó la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica (ASIMRA). El levantamiento del paro fue ratificado por las asambleas realizadas en Ushuaia y Río Grande, aunque en esta última surgieron algunas voces críticas, especialmente en la planta de Mirgor.

El acta firmada establece, además del compromiso de mantener el empleo, la creación de una mesa de diálogo que se constituirá en un plazo de diez días. Este espacio contará con la participación de empresas, sindicatos y los gobiernos nacional y provincial, con el objetivo de discutir mecanismos para sostener la competitividad del sector frente al nuevo escenario comercial.

Desde el sector empresarial, Ana Vainman, directora ejecutiva de AFARTE, aseguró que “el acuerdo refleja la voluntad de preservar la estabilidad laboral mientras se trabaja en alternativas para que la industria sea más eficiente y competitiva”. Por su parte, los trabajadores valoraron como central la cláusula de “paz social”, que compromete a las partes a suspender cualquier conflicto colectivo durante la vigencia del acuerdo.

El paro, que comenzó el 13 de mayo, se convirtió en uno de los más significativos de los últimos años en la provincia, no solo por su duración, sino por la amplia adhesión que tuvo incluso en sectores comerciales y privados. La movilización del 21 de mayo, que colmó las calles de las principales ciudades fueguinas, marcó un punto de inflexión en la disputa y fue determinante para acelerar las negociaciones.

Con este acuerdo, los trabajadores respiran aliviados, al menos por ahora. Pero el horizonte sigue cargado de incertidumbre ante la inminente apertura del mercado electrónico. La verdadera discusión, coinciden todos los actores, recién comienza.