El Gobierno nacional anunció una reestructuración profunda de la Secretaría de Derechos Humanos, que pasará a tener rango de Subsecretaría, con una reducción del 40% de su estructura organizativa y del 30% de su planta de personal. La medida, según se informó oficialmente, busca "optimizar recursos del Estado" y representa un ahorro estimado de 9.000 millones de pesos anuales.

La decisión fue comunicada este miércoles por el vocero presidencial Manuel Adorni durante su habitual conferencia de prensa. Según explicó, el objetivo de esta reconfiguración es que la dependencia “garantice todos los derechos humanos y no actúe como defensora de un sector ideológico o partidario”.

Menos personal y reducción jerárquica

El recorte fue dispuesto por el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, quien detalló que la reforma implicará una disminución del 50% de los cargos jerárquicos y direcciones existentes. Afirmó, además, que el ajuste no afectará las funciones del área, aunque desde sectores gremiales y trabajadores del organismo cuestionaron esa afirmación, advirtiendo que la capacidad operativa se verá comprometida.

Según datos oficiales, desde la asunción del nuevo gobierno ya fueron despedidos 405 empleados, lo que representa un 44% del personal existente al momento del cambio de gestión. Adorni justificó las desvinculaciones como parte de una política para reducir el tamaño del Estado y señaló que muchos de los cesanteados eran “empleados militantes”.

Reorganización de espacios de memoria

Otra medida anunciada en el marco de esta reorganización es la unificación del Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de la Memoria ESMA. Ambos pasarán a funcionar como unidades organizativas dentro del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), organismo de carácter internacional con sede en la ex ESMA.

El Gobierno sostiene que la reforma permitirá mejorar la eficiencia de los recursos públicos y garantizar el cumplimiento de las funciones esenciales en materia de derechos humanos. Sin embargo, la iniciativa generó un inmediato rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos, trabajadores del sector y sectores políticos de la oposición, que acusan al Ejecutivo de desmantelar políticas clave en la materia.

Se espera que en los próximos días se intensifiquen las reacciones y los pedidos de revisión de la medida, tanto en el plano judicial como parlamentario.