La disputa entre el Gobierno y la conducción de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) entró en una fase crítica. La intervención de la obra social del gremio, OSPRERA, encabezada por Marcelo Petroni, notificó formalmente al secretario general José Voytenco sobre la rescisión del contrato de la ART sindical y lo intimó al desalojo de las oficinas que el sindicato ocupa en la sede de Reconquista 630, en la Ciudad de Buenos Aires.

El conflicto, que ya venía gestándose, se profundiza con esta nueva medida. Para Voytenco, se trata de una “provocación directa” y un intento de vaciamiento institucional. En una comunicación interna enviada a delegados y dirigentes gremiales, el líder sindical aseguró: “No vamos a abandonar nuestra sede. No cuenten con nuestra pasividad ni con nuestra resignación”.

La tensión se produce en medio de una ofensiva del Gobierno contra sectores del sindicalismo que considera aliados del kirchnerismo. En este contexto, la prórroga de la intervención de OSPRERA por otros 180 días fue interpretada como una señal de que el Ejecutivo busca reconfigurar el poder dentro de uno de los gremios clave del sector rural.

Petroni también ordenó dar de baja el contrato con la ART Mutual Rural, creada por la propia UATRE. La medida, que afecta directamente la estructura financiera del sindicato, fue justificada por “cuestiones de costo”, según la intervención, que alegó que la póliza tenía un valor superior al promedio del mercado. Sin embargo, desde el entorno de Voytenco sostienen que la decisión responde más a una lógica política que económica.

En paralelo, la situación de Voytenco se vuelve cada vez más frágil. A las recientes denuncias televisivas por presuntas irregularidades en el manejo de fondos, se suman los cuestionamientos internos del Movimiento de Recuperación de la UATRE (MRU), que exige su renuncia y reclama que la actual conducción se ponga a disposición de la Justicia.

El Gobierno, mientras tanto, parece decidido a avanzar. Según versiones que circulan en círculos oficiales, se está preparando una denuncia judicial que podría involucrar a exfuncionarios del gobierno anterior, incluida la exministra Carla Vizzotti y el expresidente Alberto Fernández, por presuntas maniobras irregulares en la gestión de OSPRERA.

El avance sobre la UATRE no sólo tiene impacto sindical. También podría tener proyecciones políticas: dentro del oficialismo libertario hay quienes ven en el gremio rural un potencial vehículo territorial para el armado electoral. En ese sentido, desplazar a Voytenco podría allanar el camino para nuevos interlocutores sindicales más alineados con el Gobierno.

Mientras tanto, el gremialista chaqueño resiste atrincherado en la sede del sindicato, dispuesto a dar pelea. “Esto no es sólo contra mí —afirmó—, es contra toda la UATRE. No vamos a retroceder”.