La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que presentará una impugnación judicial contra el Decreto 340/2025 del Gobierno Nacional, que establece restricciones al derecho de huelga en sectores definidos como “esenciales” o “trascendentales”. Así lo confirmó Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la central obrera y titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), quien advirtió que la medida vulnera derechos constitucionales.

“El decreto implica una limitación total al derecho de huelga, que está consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales”, afirmó Rodríguez en declaraciones radiales. Y agregó: “Es revivir el DNU 70/23, que fue frenado judicialmente. Nosotros vamos a volver a recurrir a la Justicia y ya estamos preparando la impugnación”.

El artículo más controvertido del Decreto 340/2025 establece que, en caso de conflicto laboral, las actividades consideradas “trascendentales” deberán mantener al menos un 50% de su funcionamiento, mientras que las “esenciales” deberán operar al 75%. Para la CGT, estas exigencias vulneran el ejercicio pleno de una herramienta histórica de presión sindical.

Rodríguez criticó al Ejecutivo por no convocar al diálogo con los representantes de los trabajadores: “No se puede restringir un derecho por decreto y sin consensos. El derecho de huelga existe precisamente cuando se rompe el diálogo, como sucede hoy. Nadie nos convocó, por eso no se puede hablar de responsabilidad compartida”.

El dirigente también recordó que la CGT finalizó recientemente un plan de lucha que incluyó un paro nacional, en protesta por la pérdida de poder adquisitivo y la negativa del Gobierno a otorgar aumentos salariales acordes a la inflación. “Estamos ante un escenario de ajuste constante, con salarios que no alcanzan, y ahora se pretende además limitar nuestra capacidad de respuesta”, sostuvo.

La estrategia de la central sindical será similar a la aplicada contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, que fue parcialmente frenado por la Justicia tras la presentación de amparos por parte de la CGT y otros actores gremiales. “La vía judicial nos dio la razón entonces y esperamos que vuelva a hacerlo”, remarcó Rodríguez.

Con esta nueva ofensiva legal, la CGT se posiciona como uno de los principales actores en resistencia frente a la política de reformas impulsada por el Gobierno de Javier Milei, particularmente en lo que refiere al mundo del trabajo y las garantías sindicales.