El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, aseguró que la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional “tiene una alta probabilidad de ser aprobada” en el Congreso y señaló que, en privado, la CGT “reconoce la necesidad de modificar la legislación”. Sin embargo, la central obrera volvió a desmentir esa versión y recordó que su postura oficial, presentada por escrito ante el Consejo de Mayo, rechaza de forma integral cualquier iniciativa flexibilizadora.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Cornejo sostuvo que “hay una discusión pública y otra privada, y la CGT a veces dice una cosa para no ser vista como antitrabajador, pero sabe que hay que modernizar la ley”. Sus dichos se conocieron un día después de que se confirmara que el propio Informe del Consejo de Mayo había atribuido al dirigente Gerardo Martínez aportes que la CGT nunca realizó y que contradicen su posición formal.

La central sindical dejó asentado en las páginas 288 y 289 del compendio oficial de aportes del Consejo su rechazo al proyecto laboral impulsado por el Ejecutivo. Allí calificó el borrador como “regresivo”, “violatorio de derechos constitucionales”, “carente de coherencia técnica” y orientado a “desconocer la naturaleza protectoria del derecho del trabajo”. Además, reiteró que cualquier reforma estructural debe discutirse en el Congreso y no en ámbitos extraparlamentarios.

Pese a ello, Cornejo vinculó nuevamente a la CGT con una presunta apertura hacia la iniciativa oficial. “En algunas cosas la CGT representada por Martínez ha estado favorable”, afirmó, sin precisar a qué puntos se refería y sin mencionar que la central se ausentó de la firma simbólica del documento final del Consejo de Mayo.

El mandatario defendió además el proceso de debate impulsado por el Ejecutivo, al que calificó como una “muy buena iniciativa”, y atribuyó el estancamiento del empleo registrado a la normativa vigente. “Lo que limita la creación de nuevos puestos es la legislación laboral”, remarcó.

Las declaraciones alimentaron la tensión en torno al intento del Gobierno nacional de mostrar un supuesto consenso sindical que los propios documentos oficiales desmintieron. Ayer, la CGT volvió a insistir en que el proyecto que se enviará al Congreso “no genera empleo, no formaliza trabajadores y solo quita derechos”, y anticipó que definirá un plan de acción para enfrentar la iniciativa.

La central obrera se reunirá mañana en su Consejo Directivo para fijar una postura unificada y resolver los próximos pasos frente a una reforma que, según advirtió, “no cuenta con aval sindical ni técnico y avanza sobre conquistas históricas del movimiento obrero”.