El proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno ante el Senado no solo modifica de manera integral los principales institutos del trabajo, sino que avanza en una de las mayores barridas normativas desde la recuperación democrática. La iniciativa —de 71 páginas y 191 artículos— deroga completamente o de manera parcial más de una docena de leyes que regulan derechos específicos de sectores profesionales, modalidades de empleo y condiciones básicas de la jornada de trabajo.

Un paquete que elimina estatutos históricos y regímenes especiales

Según un detalle difundido por el diputado neuquino Pablo Todero (Unión por la Patria), la reforma propone la eliminación total de:

• Ley 12.908 – Estatuto del Periodista Profesional

• Ley 14.546 – ??Estatuto del Viajante de Comercio

• Ley 27.555 – Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo

• Ley 23.947 – Estatuto del Peluquero

• Ley 23.472 – Fondo de Garantía de Créditos Laborales

• Ley 23.759 – Licencia para ciudadanos de países limítrofes para votar en su país de origen

• Ley 24.493 – Fomento y reserva de mano de obra nacional en territorio argentino y en buques/aeronaves de pabellón nacional

• Ley 20.657 – Régimen para la Actividad Comercial de Supermercados

• Ley 12.867 – Régimen de Trabajo para Choferes Particulares

Derogaciones parciales que afectan pilares del derecho laboral

El proyecto además elimina parcialmente normas de alto impacto, entre ellas:

• Ley 11.544 – Regulación de la jornada laboral , una pieza histórica que desde 1929 establecía límites de horas de trabajo.

• Ley 26.727 – Régimen de Trabajo Agrario

• Ley 24.467 – Marco Regulador de las PyMEs

• Ley 12.713 – Régimen de Trabajo a Domicilio

• Ley 14.250 – Convenciones Colectivas de Trabajo , columna vertebral de la negociación colectiva en Argentina.

• Ley 13.839/46 – Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas

• Ley 14.954/46 – Régimen de trabajo para operadores de radio–cables–telegráficos y afines

Un cambio estructural en la normativa laboral argentina

La iniciativa del Gobierno implica así la eliminación de estatutos sectoriales completos, la caída de regímenes protectores específicos y la flexibilización de normativas históricas vinculadas a la jornada laboral, la negociación colectiva y la organización del trabajo. Su impacto recaería tanto en trabajadores asalariados como autónomos, en actividades clásicas y en nuevas modalidades como el teletrabajo, cuya regulación quedaría sin efecto.

El debate en el Senado promete ser intenso, con fuertes cuestionamientos por parte de sindicatos, especialistas en derecho laboral y sectores políticos que advierten sobre una pérdida significativa de derechos adquiridos, mientras el oficialismo impulsa el paquete como parte de su estrategia para “modernizar” el mercado de trabajo.