La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines expresó un rechazo contundente al nuevo proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, al que acusa de generar una transferencia multimillonaria de recursos hacia el sector empresarial, limitar la acción sindical y profundizar la precarización del empleo.

En un comunicado difundido este lunes, el gremio calificó la iniciativa oficial —que consta de 191 artículos distribuidos en 71 páginas— como “profundamente regresiva” y orientada a “debilitar a la clase trabajadora argentina”. Según la Federación, el proyecto constituye “un ataque sistemático” a los derechos individuales y colectivos del trabajo, reforzando la posición patronal en detrimento de los trabajadores.

La organización describió tres ejes principales de cuestionamiento:

1. Transferencia multimillonaria de recursos.
El sindicato denuncia que la creación de un Fondo de “Asistencia Laboral”, financiado con recursos que actualmente ingresan a la ANSES y con reducciones de contribuciones patronales, provocaría un desfinanciamiento del sistema previsional. Estiman que la transferencia al sector privado podría oscilar entre 2.000 y 2.500 millones de dólares.

2. Debilitamiento de la acción colectiva.
La Federación sostiene que el proyecto busca limitar la negociación colectiva, fragmentar la representación gremial y restringir el ejercicio del derecho de huelga, incluyendo la reinstalación —“incluso agravada”— de disposiciones del DNU 70/23, declarado inconstitucional, y del decreto 340/25, ya derogado por el Congreso.

3. Disciplinamiento en los lugares de trabajo.
El comunicado advierte que los cambios planteados a la Ley de Contrato de Trabajo habilitarían modalidades más flexibles de jornada y descanso. Destacan la creación de un “banco de horas”, que, según el gremio, eliminaría en la práctica el pago de horas extra y afectaría la salud y el bienestar de los trabajadores.

El sindicato también cuestionó la afirmación oficial de que la reforma modernizará el mercado laboral y generará empleo. Recordaron que, luego de la reforma parcial aprobada en la Ley Bases de 2024, se perdieron “casi 300.000 puestos de trabajo registrado” y cerraron centenares de unidades productivas, afectando especialmente al sector industrial.

Otro de los puntos más cuestionados es la redefinición de “servicios esenciales” o de “importancia trascendental”, que incluiría a la actividad aceitera y a la desmotadora de algodón. Esto requeriría garantizar entre el 50% y el 75% de la prestación, lo que la Federación considera “una prohibición de facto del derecho de huelga”.

Finalmente, el gremio ratificó su compromiso de defender “los derechos laborales, salariales, sindicales y democráticos” y aseguró que recurrirá a todas las herramientas constitucionales disponibles, incluido el derecho de huelga, frente a lo que definieron como “una ofensiva brutal” contra el mundo del trabajo.