A casi un año del choque de trenes en Palermo que dejó 61 heridos, la causa judicial avanzó hacia el juicio oral, pero lo hizo con un enfoque que genera polémica: el fiscal Carlos Rívolo pidió elevar a juicio a seis trabajadores ferroviarios, mientras evitó impulsar investigaciones contra funcionarios de Trenes Argentinos y del Ministerio de Transporte, pese a que existían alertas previas sobre la situación crítica de la línea.

Los operarios están acusados de “estrago culposo agravado”, un delito que contempla penas de entre uno y cinco años de prisión. La investigación judicial se centró exclusivamente en el “error humano”, a pesar de los documentos que prueban que el tren operaba aquel 10 de mayo sin sistema automático de señalización, producto del robo de cables que no fueron repuestos a tiempo.

El accidente ocurrió cuando una formación de pasajeros del Ferrocarril San Martín embistió por detrás a una locomotora con un furgón de trabajo detenido, a la altura del puente sobre Avenida Figueroa Alcorta. Viajaban más de 90 personas. Dos de los procesados son el conductor Mariano Filangeri y el ayudante Damián Bartoletti Renzi, mientras que los maquinistas de la formación de pasajeros fueron sobreseídos.

En su escrito, el fiscal sostuvo que no se trató de una falla individual, sino de un accionar colectivo con “omisiones al deber de cuidado propias del oficio de cada acusado”, lo que incrementó el riesgo que se terminó concretando. También subrayó que Filangeri y Bartoletti Renzi no habrían estado capacitados para operar el sistema de frenado OBC (On Board Computer) instalado en la locomotora.

Aunque el propio requerimiento fiscal menciona que ese día no funcionaba el sistema de señalización automático, debido a la “constante aparición” de robos de cables, Rívolo no profundizó en posibles responsabilidades de los funcionarios a cargo de la línea. Al contrario, en su presentación incluso esboza una defensa de Trenes Argentinos, al remarcar que la empresa “analizó opciones” para reforzar la seguridad, sin explicar por qué en esta ocasión los cables no fueron restituidos.

El pedido de avanzar contra funcionarios fue una demanda de la querella, encabezada por Alan Barroso, una de las víctimas del accidente, representado por el abogado Gregorio Dalbón. En su presentación judicial, Barroso denunció la “desidia del Estado”, la paralización de obras esenciales y el freno a las licitaciones de mantenimiento, solicitando sin éxito la indagatoria del entonces ministro de Economía Luis Caputo y del secretario de Transporte Franco Mogetta.

“Este juicio intenta cerrar la causa responsabilizando a los trabajadores y dejando fuera a quienes abandonaron la infraestructura básica del sistema ferroviario”, sostuvo Dalbón en declaraciones recientes.

La causa judicial avanza, pero las críticas crecen: el foco está puesto en los operarios, mientras las decisiones políticas que habrían agravado la vulnerabilidad del sistema siguen sin ser revisadas.