A pocos días del paro general convocado por la CGT para los próximos 9 y 10 de abril, las tensiones dentro del movimiento obrero se intensifican, particularmente por la postura de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio de los colectiveros, que podría ser clave para el impacto real de la medida de fuerza. El Gobierno de Javier Milei ha desplegado una ofensiva para evitar que la UTA se sume al paro, llegando incluso a amenazar con una posible intervención en el gremio, en un intento por ganar terreno en lo que podría ser una de las semanas más difíciles de su gestión.

Este viernes, la Superintendencia de Servicios de Salud realizó una auditoría sorpresa en la obra social del gremio, administrada por Silvia Bevk, esposa del líder de la UTA, Roberto Fernández. Esta acción fue interpretada como una advertencia, sugiriendo que el Gobierno podría incluir a la UTA en su estrategia de intervención y vaciamiento de obras sociales, una carta que el oficialismo parece estar utilizando para presionar al sindicato.

Por su parte, desde el entorno de Roberto Fernández se afirma que la UTA no se sumará al paro, citando dos razones principales. Primero, la conciliación obligatoria dictada en el marco de la disputa paritaria con las cámaras empresarias del transporte, que prohíbe al gremio llevar adelante medidas de fuerza. Y segundo, la relación política del líder de la UTA con el Gobierno, dado que el financiamiento del sistema de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) depende en gran medida del Estado.

Sin embargo, en la CGT crecen las sospechas de que el gremio estaría negociando su no adhesión al paro a cambio de beneficios particulares en su negociación salarial. Algunos dirigentes se mostraron especialmente molestos, llegando a expresar que, si fuera por ellos, la UTA debería ser expulsada de la central sindical. Este desencuentro subraya la creciente división interna dentro de la CGT, que se enfrenta a la difícil tarea de unificar fuerzas frente a las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno.

El conflicto no solo tiene una dimensión política, sino también legal. Mientras que el Gobierno sostiene que la conciliación obligatoria impide que la UTA participe en cualquier medida de fuerza, expertos laborales como el abogado Matías Cremonte argumentan que una huelga general convocada por una central sindical no está sujeta a las restricciones de una conciliación sectorial. No obstante, la disputa ha dejado en evidencia que el trasfondo del conflicto es principalmente político, más que jurídico.

La actitud ambigua de la UTA ya se reflejó en las reuniones previas dentro de la CGT. Aunque el gremio estuvo representado en una reunión del sector barrionuevista que propuso un paro de 36 horas, no participó en el cónclave donde se resolvió la fecha del paro general del 10 de abril. Esta falta de definición ha generado malestar entre los dirigentes de la central obrera, quienes ven en la postura de la UTA un obstáculo para unificar a los trabajadores frente al ajuste del Gobierno.

A una semana del paro, el panorama sigue siendo incierto, y la decisión de la UTA jugará un papel crucial en determinar el impacto de la movilización. Si el gremio decide finalmente no sumarse, podría debilitar la medida, mientras que su adhesión podría fortalecer la protesta y mostrar un frente más unido contra las políticas económicas del gobierno nacional.