Tras el fallo judicial que ordena al Poder Ejecutivo cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, los gremios docentes reclamaron su aplicación inmediata y expresaron desconfianza ante los antecedentes del Gobierno nacional. Así lo manifestó Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), quien sostuvo que la administración de Javier Milei “tiene que cumplir ya con la ley”, aunque advirtió que “no respeta mucho la democracia ni sus poderes”.

La Justicia falló a favor del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en una presentación contra el incumplimiento de la norma y dispuso la suspensión inmediata del decreto presidencial que había frenado su aplicación, pese a haber sido aprobada en tres oportunidades por el Congreso.

La medida fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, quien ordenó al Ejecutivo “cumplir de manera inmediata con la actualización de las partidas destinadas al pago de salarios docentes y becas estudiantiles”, previstas en la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley 27.795).

Amenaza de no inicio de clases en 2026

La resolución judicial se conoció luego de que el Frente Sindical de Universidades Nacionales advirtiera que, si el Gobierno no ponía en plena vigencia la ley, no estaban dadas las condiciones para iniciar el ciclo lectivo 2026. Los gremios alertaron que sin financiamiento no se puede garantizar el normal dictado de clases ni el funcionamiento del sistema universitario.

En su fallo, el juez Cormick consideró que el decreto 759/2025, que suspendió la ejecución de la ley, presenta indicios de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.

La decisión judicial se dio en paralelo a la difusión de un informe de FEDUN que muestra un fuerte deterioro salarial en el sector universitario: desde la asunción de Javier Milei, los ingresos docentes perdieron más de 30 puntos en términos reales.

“La cautelar es de cumplimiento inmediato”

Desde FEDUN celebraron el fallo, aunque mantuvieron una postura cautelosa. “El Gobierno tiene que cumplir ya con la Ley de Financiamiento Universitario. Al tratarse de una medida cautelar, su aplicación debe ser inmediata”, remarcó Ricci.

Sin embargo, el dirigente expresó escepticismo respecto de la reacción del Ejecutivo. “Todos vimos cómo es el Gobierno nacional. Hasta ahora no respeta mucho la democracia y sus poderes, pero tendría que cumplir la orden de inmediato”, afirmó. De concretarse, explicó, en el primer mes de 2026 podrían comenzar a calcularse las paritarias de docentes y nodocentes bajo el nuevo esquema que establece la ley.

Salarios universitarios, por debajo de 2002

Desde el sindicato FEDUBA también destacaron la importancia del fallo judicial, al considerar que “revierte la estrategia de suspender la paritaria, recortar un 40% salarios, becas y gastos de funcionamiento, y desconocer durante dos años consecutivos leyes sancionadas por el Congreso”.

“Este es un paso más en la pelea que el sistema universitario y la sociedad argentina vienen dando contra un plan sistemático de desmantelamiento de las capacidades de producción de conocimiento. No vamos a quedarnos mirando cómo se llevan puesto el país”, señalaron.

Según un informe conjunto de FEDUN y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), durante los dos años de gobierno de Milei el Índice de Precios al Consumidor acumuló una suba del 249,5%, mientras que los salarios universitarios aumentaron apenas un 139,4%. Esto implica una pérdida de 110,1 puntos porcentuales desde noviembre de 2023.

En términos reales, los sueldos cayeron un 31,5%, y solo en lo que va de 2025 registran una baja adicional del 10,2%. El estudio advierte además que el nivel salarial del sector se encuentra por debajo del registrado en 2002 y acumula una caída de 40,1 puntos respecto del pico alcanzado en 2011.

En este contexto, los gremios universitarios ratificaron el estado de alerta y no descartaron nuevas medidas de fuerza si el Gobierno no acata de manera inmediata el fallo judicial y garantiza el financiamiento del sistema universitario.