La Unión Argentina de Salud (UAS), entidad que nuclea a los prestadores privados del sistema sanitario, lanzó una dura advertencia ante el debate del Presupuesto 2026: si la norma se aprueba sin la prórroga de la emergencia sanitaria, más de un millón de puestos de trabajo podrían quedar en riesgo y miles de instituciones enfrentarían un escenario crítico a partir del próximo año.

Desde la cámara empresaria señalaron que la situación se agravó luego de que la Cámara de Diputados eliminara del proyecto de Presupuesto el Capítulo XI, artículo 78, que contemplaba la continuidad de distintas emergencias y regímenes especiales, entre ellos el sanitario. Ese marco excepcional, vigente desde 2001, brinda herramientas clave para sostener el funcionamiento de clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico y otros prestadores asistenciales en todo el país.

Según estimaciones de la UAS, si la iniciativa avanza sin cambios, más de 5.000 instituciones de salud quedarían expuestas a embargos y serias dificultades financieras desde el 1° de enero de 2026. Se trata de establecimientos que emplean a más de un millón de trabajadores registrados, cuya estabilidad laboral podría verse comprometida ante un eventual cierre de empresas o recortes masivos de personal.

Desde el sector recordaron que la emergencia sanitaria se mantiene desde hace más de dos décadas porque los problemas estructurales del sistema nunca fueron resueltos. En ese marco, cuestionaron la falta de actualización de los aranceles y el creciente desfasaje entre costos operativos y valores reconocidos por financiadores públicos y privados, una combinación que dejó a muchas instituciones al borde de la inviabilidad económica.

Frente a este escenario, la UAS reclamó el dictado de una norma que garantice la continuidad del régimen de inembargabilidad para los prestadores de salud. Según explicaron, el objetivo es evitar que deudas fiscales o previsionales deriven en embargos sobre cuentas o activos esenciales, una situación que podría paralizar la atención y poner en riesgo la continuidad de servicios críticos.

“El régimen de emergencia no implica una condonación de obligaciones, sino una protección transitoria orientada a resguardar un servicio público esencial”, sostuvo el presidente de la UAS, Hugo Magonza. En esa línea, advirtió que habilitar embargos sobre recursos clave del sistema sanitario “impactaría de manera inmediata en la atención de los pacientes y en la estabilidad laboral de miles de trabajadores”.

El pronunciamiento del sector se suma a una creciente preocupación de prestadores, trabajadores y pacientes, en un contexto de fuerte ajuste económico y tensiones financieras que amenazan con profundizar la crisis del sistema de salud en todo el país.