Durante los primeros tres meses de 2025, más de 30.000 trabajadores en Argentina comenzaron a cobrar el seguro por desempleo, reflejando una creciente fragilidad en el mercado laboral formal. Según el último informe de la Seguridad Social publicado en el Boletín Oficial, 30.560 personas accedieron a esta prestación tras haber sido desvinculadas sin causa y no haber logrado reinsertarse en un nuevo empleo.

Los sectores más afectados por los despidos fueron la industria manufacturera, con 7.157 nuevos beneficiarios del seguro; el comercio de vehículos, con 6.117 casos; y la construcción, que sumó 5.699. También se registraron importantes cifras en actividades administrativas (3.083), transporte (1.377), servicios de comida y alojamiento (1.330), y salud y servicios sociales (1.096).

A marzo de este año, el total de personas que reciben el seguro por desempleo ascendía a 92.787, con un promedio mensual de $236.543. La mayoría son hombres (66.034), aunque las mujeres también representan una proporción significativa (26.753). La Provincia de Buenos Aires concentra el mayor número de beneficiarios (38.180), seguida por Santa Fe (7.337), Córdoba (6.613) y la Ciudad de Buenos Aires (5.487).

La tendencia alcista se refleja también en la comparación interanual: en 2024 se registraron 174.335 altas al seguro por desempleo, un 60 % más que en 2023 y el doble de lo reportado en 2022. Es el nivel más elevado desde que se inició la serie estadística en 2014.

El seguro por desempleo está destinado a trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin causa, finalizaron un contrato o vieron interrumpido su vínculo laboral por razones ajenas a su voluntad. El beneficio, regulado por la Ley 24.013, exige al menos seis meses de aportes en los últimos tres años, o 90 días para trabajadores de temporada o eventuales.

La duración de la prestación varía entre dos y doce meses, dependiendo de la antigüedad y los aportes previos, con una extensión adicional de seis meses para mayores de 45 años. Durante ese período, los beneficiarios mantienen la cobertura de obra social, continúan percibiendo asignaciones familiares y suman antigüedad para la jubilación.

Aunque la ley establece que el monto debe ser equivalente al 75 % del mejor salario de los últimos seis meses trabajados, existen topes: no puede superar el 100 % ni ser inferior al 50 % del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente. Esta limitación, sumada al deterioro del poder adquisitivo del salario mínimo, reduce el alcance real del beneficio.