
Gremiales | 15 de octubre
Laboratorios Pyam sigue sin pagar salarios ni aportes: nueva protesta de Químicos y Petroquímicos en la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos

El conflicto entre los trabajadores del Sindicato de Químicos y Petroquímicos y la empresa Laboratorios Pyam, radicada en el Parque Industrial Gualeguaychú (PIG), continúa sin solución. Este lunes, los empleados volvieron a manifestarse frente a la Delegación local de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos para exigir el pago de salarios y aportes previsionales adeudados desde abril.
Según explicó Martín Gómez, delegado del Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate, la compañía mantiene impagos el medio aguinaldo, los sueldos de agosto y septiembre, además de las cargas sociales y aportes retenidos desde abril de este año.
Durante la última audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo, la empresa se presentó con un nuevo asesor legal, aunque había faltado a la reunión anterior, motivo por el cual el gremio solicitó la aplicación de multas por incomparecencia.
“Es una conducta reincidente. La empresa tiene la obligación de presentarse a las audiencias y, al no hacerlo, será multada nuevamente. Lo que pedimos es que se establezca un canal de diálogo y un plan de pago, pero hasta el momento la empresa se niega”, señaló Gómez en declaraciones a R2820.
Desde el sindicato anticiparon que solicitarán una nueva audiencia para la próxima semana, con el objetivo de destrabar el conflicto. Sin embargo, advirtieron que, si la empresa vuelve a ausentarse, pedirán que los representantes sean convocados por la fuerza pública.
Asimismo, el gremio exigió que la Secretaría de Trabajo informe a la Administradora de Recursos y Control de la Actividad (ARCA) sobre los incumplimientos de Pyam en materia de aportes sociales, pago de obras sociales y prepagas, que se encuentran interrumpidas para los trabajadores.
Mientras tanto, los empleados continúan sin percibir sus haberes ni contar con cobertura médica ni aportes jubilatorios, una situación que agrava la incertidumbre entre las familias afectadas y prolonga un conflicto que ya lleva más de seis meses.
