La Federación Agraria Argentina (FAA) salió a desmentir al Gobierno nacional y puso en duda la base técnica del plan oficial para avanzar con el desmantelamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Según aseguró su presidenta, Andrea Sarnari, la auditoría que la entidad viene realizando no detectó “tierras improductivas” en el organismo científico, en contraposición con el discurso del Ejecutivo libertario.

Las declaraciones se produjeron luego de una reunión entre las entidades de la Mesa de Enlace y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, en la que el funcionario presentó los llamados “siete ejes” del Gobierno para reestructurar el INTA, un plan que incluye la venta de tierras y la implementación de retiros voluntarios.

“El relevamiento que estamos llevando adelante no muestra tierras en desuso”, afirmó Sarnari, al tiempo que explicó que el estudio ya se completó en gran parte del centro del país. Si bien reconoció que aún resta auditar regiones del NEA y el NOA, remarcó que hasta el momento no existen elementos que justifiquen la enajenación de activos estratégicos del organismo.

El argumento oficial y la disputa por las tierras

El INTA cuenta con alrededor de 100.000 hectáreas distribuidas en todo el país, destinadas a investigación, experimentación y transferencia tecnológica para el sector agropecuario. Sin embargo, el Gobierno sostiene que unas 42.000 hectáreas se encontrarían “improductivas” y sin uso específico, lo que habilitaría su desafectación y posterior venta a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Desde la Federación Agraria cuestionaron ese diagnóstico y advirtieron que el Ejecutivo no consultó los relevamientos que la entidad viene realizando. A pesar de ello, el Gobierno presentó un documento propio donde afirma que casi la mitad de las tierras del INTA no cumplirían funciones vinculadas a la investigación científica.

“La discusión no es solo técnica, es política”, deslizan desde el sector agropecuario, donde crece la preocupación por el impacto que tendría el recorte territorial y presupuestario sobre la capacidad del INTA para sostener su rol estratégico en el desarrollo productivo.

Sospechas y críticas al plan de desmantelamiento

El conflicto se profundiza por el rol de la AABE, organismo encargado de definir ventas y cesiones de bienes estatales, actualmente conducido por Nicolás Pakgojs, dirigente cercano al empresario inmobiliario Eduardo Elsztain, amigo personal del presidente Javier Milei. Este dato alimenta las sospechas en torno al destino final de las tierras y al apuro oficial por avanzar con el proceso.

Incluso, ya se registraron visitas técnicas en dependencias del INTA en el Área Metropolitana de Buenos Aires para realizar mediciones, pese a que el Congreso y la Justicia pusieron freno a iniciativas similares durante este año.

Las dudas se profundizaron tras la venta del histórico edificio del INTA en la calle Cerviño, en el barrio porteño de Palermo, una operación que, según denuncias de dirigentes políticos como Miguel Pichetto, habría beneficiado al propio Elsztain.

Un conflicto abierto

Mientras el Gobierno insiste en reducir la estructura del INTA bajo el argumento de eficiencia y racionalización del gasto, desde la Federación Agraria y otros sectores advierten que se trata de un proceso de vaciamiento que compromete la investigación pública y el desarrollo tecnológico del agro argentino.

“La información disponible no respalda la existencia de tierras ociosas”, reiteraron desde la FAA, y reclamaron que cualquier decisión se tome con participación territorial y con criterios técnicos verificables.

El cruce deja en evidencia una fuerte tensión entre el Ejecutivo y parte del propio entramado agropecuario, en un escenario donde el futuro del INTA aparece cada vez más atravesado por intereses económicos y disputas políticas.