La Federación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA) reclamó a la Corte Suprema de Justicia una definición urgente sobre el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de una creciente preocupación por la situación presupuestaria y salarial que atraviesan las universidades nacionales.

El planteo fue realizado durante una jornada de clases públicas desarrollada frente al Palacio de Tribunales, donde docentes, estudiantes y trabajadores universitarios visibilizaron el conflicto que afecta al sistema de educación superior desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi, sostuvo que la máxima instancia judicial no puede seguir postergando una resolución sobre una norma que ya fue aprobada por el Congreso de la Nación y cuya aplicación, según denuncian desde el sector, continúa sin concretarse plenamente.

“La Corte debe pronunciarse porque no es admisible que una ley vigente permanezca incumplida mientras las universidades enfrentan una crisis cada vez más profunda”, expresó el dirigente sindical durante la actividad.

Una disputa con impacto en todo el sistema universitario

El reclamo gira en torno a la transferencia de fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales. Desde las organizaciones gremiales sostienen que la demora judicial prolonga un escenario de ajuste que afecta tanto a los salarios docentes y nodocentes como al desarrollo de actividades académicas, científicas y de investigación.

Según denuncian desde el sector universitario, las casas de estudio acumulan una pérdida significativa de recursos desde fines de 2023, situación que repercute en el mantenimiento de edificios, programas de investigación, becas estudiantiles y servicios esenciales para la comunidad educativa.

Para Perazzi, el conflicto excede la discusión presupuestaria y pone en debate el modelo de desarrollo del país. “No existe ninguna nación desarrollada que haya alcanzado niveles elevados de crecimiento sin inversión en educación superior, ciencia y tecnología”, afirmó.

Salarios, investigación y futuro

Desde FEDUBA advierten que la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios y la reducción de los recursos destinados a las instituciones públicas generan un proceso de deterioro que podría tener consecuencias de largo plazo.

La preocupación alcanza no solo a docentes y trabajadores administrativos, sino también a investigadores, becarios y estudiantes que dependen de programas de apoyo para sostener sus trayectorias académicas.

En ese marco, las organizaciones universitarias consideran que una eventual validación judicial del incumplimiento de la ley representaría un precedente institucional de enorme relevancia, ya que implicaría desconocer una norma sancionada y ratificada por el Poder Legislativo.

Mientras la Corte Suprema mantiene bajo análisis la cuestión, las universidades continúan reclamando una solución que garantice la llegada de los recursos previstos por ley y permita revertir una situación que describen como crítica para el presente y el futuro del sistema universitario argentino.

Las protestas y actividades de visibilización continuarán durante las próximas semanas, en un contexto donde el financiamiento de la educación superior se ha convertido en uno de los principales focos de conflicto entre la comunidad universitaria y el Gobierno nacional.