El proceso de reducción de personal impulsado por el Gobierno nacional en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sumó un nuevo capítulo. El Consejo Directivo del organismo resolvió extender hasta el próximo 10 de junio el plazo para adherirse al programa de retiros voluntarios, en un intento por acercarse al objetivo oficial de recortar al menos mil puestos de trabajo.

La medida llega cuando ya se contabilizan alrededor de 650 adhesiones entre investigadores, técnicos, profesionales y especialistas que decidieron abandonar la institución. Según fuentes gremiales, la cifra todavía se encuentra por debajo de la meta fijada por la administración de Javier Milei, que busca reducir significativamente la estructura del organismo.

La decisión de prorrogar la convocatoria refleja las dificultades para alcanzar el número previsto de desvinculaciones en un instituto que actualmente cuenta con cerca de 5.800 trabajadores distribuidos en centros de investigación, estaciones experimentales y agencias de extensión en todo el país.

Desde el inicio de la gestión libertaria, el INTA se convirtió en uno de los principales focos de la política de ajuste del Estado. A lo largo de los últimos dos años se impulsaron distintas iniciativas orientadas a reducir la dotación de personal, entre ellas programas de jubilación anticipada, retiros voluntarios previos y procesos de desvinculación que en algunos casos fueron frenados por la Justicia.

El actual plan, instrumentado mediante la Resolución 144/2026, es considerado el más ambicioso de todos los implementados hasta el momento. La propuesta contempla una compensación equivalente a un salario y medio por cada año trabajado para quienes decidan adherirse, con escalas específicas según la antigüedad y la proximidad a la edad jubilatoria.

Para financiar la iniciativa, el Estado prevé destinar una suma superior a los 100 mil millones de pesos. El objetivo oficial es reducir aproximadamente un 20% de la planta de personal del organismo, una medida que genera preocupación tanto en los trabajadores como en sectores vinculados a la investigación y la producción agropecuaria.

Desde las organizaciones gremiales sostienen que la salida masiva de personal altamente calificado podría afectar la capacidad operativa del instituto y comprometer proyectos estratégicos de investigación, desarrollo tecnológico y asistencia técnica al sector productivo.

Además del impacto cuantitativo, advierten sobre una pérdida de conocimiento acumulado durante décadas. Muchos de los trabajadores que aceptan los retiros cuentan con formación especializada y experiencia en áreas clave para el desarrollo agropecuario, la innovación tecnológica y la transferencia de conocimientos a productores de todo el país.

En distintas estaciones experimentales y centros regionales ya existe preocupación por las dificultades que podrían surgir para sostener programas de investigación y extensión una vez finalizado el proceso de reducción de personal.

Mientras el Gobierno busca alcanzar la cifra de mil desvinculaciones, el futuro del organismo continúa siendo motivo de debate. La discusión excede la cuestión presupuestaria y pone en el centro el rol que deberá cumplir el INTA en los próximos años dentro del sistema científico-tecnológico y en el acompañamiento al desarrollo productivo nacional.