La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el ex titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior, Maximiliano Voss, por presuntas irregularidades en el proceso de valuación y privatización de Intercargo.

La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, luego de que el gremio aeronáutico acusara a los funcionarios de posibles delitos de defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica.

El eje de la denuncia apunta a la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, publicada el pasado 26 de marzo, que estableció un precio base cercano a los 45 millones de dólares para avanzar con la venta de la empresa estatal encargada de los servicios de asistencia en tierra en aeropuertos argentinos.

Desde APA sostienen que el valor fijado para la privatización resulta “inexplicable” frente a la situación económica y financiera de la compañía. Según remarcaron, Intercargo mantiene balances positivos y cuenta con activos estratégicos dentro del sistema aerocomercial nacional, lo que —afirman— elevaría considerablemente su valuación real.

La tasación fue realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) mediante el método de flujo de fondos descontados, una herramienta habitual en procesos de valuación empresarial. No obstante, el sindicato cuestionó tanto el criterio utilizado como la intervención del organismo financiero, al considerar que existen entidades públicas con mayor trayectoria específica en tasaciones estatales.

La denuncia se enmarca en el proceso de privatizaciones impulsado por el Gobierno nacional a partir de la denominada Ley Bases, que habilitó la venta total del paquete accionario de Intercargo mediante licitación pública nacional e internacional, sin participación residual del Estado.

En el sector aeronáutico, la empresa cumple un rol clave: presta servicios de rampa, carga y descarga de equipaje y asistencia operativa a aeronaves en más de una decena de aeropuertos del país. Además, históricamente mantuvo una posición dominante dentro del segmento, aunque en los últimos meses el Ejecutivo avanzó en la apertura del mercado a nuevos operadores privados.

Desde APA advirtieron que la fijación del precio base podría generar un grave perjuicio económico para el Estado y denunciaron un presunto intento de “vaciamiento del patrimonio público”. También alertaron sobre el impacto laboral que podría derivarse de la privatización, dado que la compañía está vinculada a cerca de 1.500 puestos de trabajo directos e indirectos.

“La denuncia busca evitar una posible estafa al pueblo argentino”, señalaron desde el sindicato, que además anticipó nuevas acciones gremiales y judiciales para intentar frenar el proceso.

El conflicto abre un nuevo foco de tensión entre el Gobierno nacional y los sindicatos aeronáuticos, que ya venían confrontando con la administración libertaria por las políticas de desregulación del sector aerocomercial y las reformas impulsadas en materia laboral y operativa.

Mientras desde el Ejecutivo defienden la privatización como una medida orientada a mejorar la eficiencia y atraer inversiones, los gremios advierten sobre los riesgos de una eventual subvaluación de la empresa y la pérdida de control estatal sobre un servicio considerado estratégico para el funcionamiento del sistema aeroportuario argentino.