La crisis presupuestaria y salarial que atraviesan las universidades nacionales sumó un nuevo capítulo luego de que la Universidad de Buenos Aires advirtiera que más de 10.000 docentes renunciaron a sus cargos en los últimos dos años y medio debido al fuerte deterioro de los salarios y al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional.

Según datos difundidos por las autoridades universitarias, el presupuesto de la UBA sufrió una caída real del 45,6% desde la asunción del presidente Javier Milei, en un escenario que describen como una de las crisis más profundas del sistema universitario en décadas.

Salarios por debajo de la línea de pobreza

La situación salarial aparece como uno de los principales focos de conflicto. Actualmente, un ayudante de segunda con dedicación simple —equivalente a 10 horas semanales— percibe apenas $177.117 mensuales, mientras que un profesor titular con dedicación exclusiva y 40 horas de trabajo cobra $1.582.283, sin contar antigüedad.

Desde la universidad remarcan que incluso los cargos de mayor jerarquía apenas logran superar el valor de la Canasta Básica Total para una familia tipo, estimada actualmente en $1.434.464.

En el caso de investigadores y docentes de tiempo completo, los salarios oscilan entre $885.590 y $1.582.283, cifras que, según las autoridades académicas, quedaron muy rezagadas frente a la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

La UBA sostiene que para recuperar el poder adquisitivo previo a la llegada de Milei al Gobierno sería necesario aplicar una recomposición salarial inmediata del 53%, ya que la pérdida acumulada supera el 35%.

Renuncias masivas y preocupación académica

Las más de 10.000 renuncias docentes encendieron alarmas dentro del sistema universitario, donde advierten sobre el riesgo de deterioro académico y pérdida de profesionales altamente capacitados.

La situación también afecta a investigadores, becarios y trabajadores científicos. Según los datos difundidos por la universidad, un investigador que inicia su carrera percibe actualmente alrededor de $1.234.000 mensuales, pese a tratarse de tareas que requieren años de formación especializada y dedicación exclusiva.

Desde distintos sectores universitarios señalan que el desfinanciamiento ya impacta sobre el funcionamiento cotidiano de las universidades nacionales y amenaza proyectos de investigación, extensión y formación profesional.

El conflicto judicial por la Ley de Financiamiento Universitario

El eje de la disputa sigue siendo el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y posteriormente ratificada tras el rechazo legislativo al veto presidencial.

La normativa obliga al Estado nacional a actualizar partidas presupuestarias y salarios docentes, pero el Gobierno reglamentó la ley omitiendo los artículos vinculados al financiamiento salarial.

Ante esa situación, unas 40 universidades nacionales acudieron a la Justicia. En diciembre pasado, el juez Martín Cormick dictó una medida cautelar y declaró inconstitucional parte de la reglamentación oficial.

Posteriormente, la Sala III de la Cámara de Apelaciones confirmó el fallo y ordenó al Ejecutivo cumplir con la ley. Sin embargo, el Gobierno apeló ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y argumentó que la aplicación de la norma quedó suspendida hasta una resolución definitiva del máximo tribunal.

Nueva Marcha Federal Universitaria y reclamos al Gobierno

En medio de la escalada del conflicto, las universidades nacionales preparan nuevas medidas de protesta y movilización. La reciente Marcha Federal Universitaria volvió a reunir a estudiantes, docentes, investigadores y sindicatos en defensa del sistema público de educación superior.

Uno de los dirigentes que se expresó sobre la situación fue Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, quien cuestionó la falta de respuestas oficiales.

“Si no vale la legitimidad de una ley aprobada por el Congreso y tampoco lo que ordena la Justicia, que valga entonces la voz del pueblo”, afirmó Bartolacci.

Mientras tanto, el reclamo universitario continúa creciendo en todo el país y suma apoyo de sectores sindicales, científicos y sociales que advierten sobre el impacto del ajuste en la educación pública argentina.