La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N°1 en lo Criminal y Correccional, a cargo de la jueza María Romilda Servini . La presentación judicial fue realizada por las abogadas Mariana Emilse Chiacchio y Alejandra Yamila Giordano, integrantes del Centro de Abogados/as por los Derechos Humanos (CADHU).

Según denunciaron desde la APyT, Marino avanzó con medidas administrativas pese a la vigencia de una cautelar judicial que suspendía el procedimiento. Además, la acusaron de dictar resoluciones que excederían sus atribuciones y de fijar plazos de descargo antes de que concluyeran los tiempos legales para apelar decisiones judiciales.

Para el gremio, esas acciones vulneran garantías básicas del debido proceso y del derecho de defensa de los trabajadores sumariados.

La denuncia también sostiene que las irregularidades forman parte de un “patrón sistemático de hostigamiento” contra la conducción sindical del hospital, en medio del conflicto abierto con la intervención impulsada por el Gobierno nacional.

En ese marco, la APyT recordó declaraciones públicas realizadas por el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y por el ministro de Salud, Mario Lugones , quienes —según señalaron— anticiparon públicamente el resultado de los sumarios antes de que los trabajadores pudieran presentar formalmente sus descargos.

Desde el gremio remarcaron además que la apelación presentada por el Hospital contra la cautelar había sido concedida con efecto devolutivo, por lo que la suspensión judicial seguía vigente mientras se tramitaba el recurso.

La secretaria general de la APyT, Norma Lezana , cuestionó duramente a la intervención y denunció una política de persecución hacia representantes gremiales y trabajadores del centro de salud pediátrico.

“Nos están sumando por haber defendido el hospital del vaciamiento y por no callarnos”, sostuvo Lezana, quien además acusó al Gobierno de intentar avanzar hacia un esquema de privatización y negocios dentro del hospital.

El dirigente también afirmó que la intervención busca instalar en el Garrahan un “modelo Adorno”, al que vinculó con prácticas de autoritarismo, designaciones discrecionales y falta de transparencia administrativa.

En relación con la denuncia penal, Lezana aseguró que la instructora sumariante impidió el ejercicio pleno del derecho de defensa de los trabajadores investigados y recordó que Adorni había publicado mensajes en redes sociales anticipando despidos antes de la conclusión de los sumarios.

La querella incluye además referencias a los sumarios iniciados contra dirigentes sindicales y trabajadores activistas, entre ellos la propia Lezana y Maximiliano Bares.

Finalmente, desde la APyT señalaron que ya solicitaron una nueva intervención judicial sobre los expedientes administrativos y advirtieron que continuarían las acciones gremiales y legales contra las autoridades designadas por el Gobierno en el Hospital Garrahan.