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El Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la República Argentina (SAONSINRA) salió al cruce de la decisión del Consejo Federal Pesquero (CFP) de habilitar 18 nuevos buques poteros destinados a la pesca de calamar.

La organización sindical cuestionó tanto el mecanismo utilizado para otorgar los permisos como la posibilidad de que la incorporación de las embarcaciones termine favoreciendo unidades construidas en el extranjero, en lugar de generar trabajo para los astilleros y proveedores de la industria naval argentina.

Para el gremio, la decisión debe ser revisada desde una perspectiva que contemple simultáneamente la sustentabilidad del recurso pesquero, el empleo y el desarrollo de la industria nacional.

Críticas al procedimiento para otorgar los permisos

Uno de los principales cuestionamientos del SAONSINRA está dirigido al tiempo utilizado para evaluar los proyectos presentados ante el organismo pesquero.

De acuerdo con la organización, las propuestas fueron presentadas un miércoles y aprobadas al día siguiente, pese a que cada iniciativa contenía cientos de páginas de documentación.

El sindicato calificó el procedimiento como «exprés» y puso bajo cuestionamiento el informe elaborado por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) que sirvió como fundamento para avanzar con la incorporación de los buques.

La organización destacó además que la representación de la provincia de Buenos Aires fue la única que manifestó reparos dentro del Consejo, precisamente por considerar insuficiente el plazo disponible para analizar una decisión de semejante alcance.

Reclamo para construir los barcos en Argentina

El eje central de la posición sindical pasa por el destino de las nuevas embarcaciones.

Las organizaciones que integran la Comunidad de la Industria Naval, junto con cámaras empresariales y el propio sindicato, habían solicitado una prórroga de al menos 180 días antes de resolver el otorgamiento de los permisos.

El objetivo era generar el tiempo necesario para que las empresas interesadas pudieran elaborar alternativas que contemplaran la construcción de los nuevos buques en astilleros nacionales.

Sin embargo, según denunció el gremio, ninguna de las propuestas seleccionadas contempla fabricar en Argentina los nuevos poteros. Las iniciativas que incorporan embarcaciones nuevas prevén su construcción fuera del país.

Para el SAONSINRA, esto representa una oportunidad perdida para utilizar la explotación del recurso pesquero como motor de actividad para la industria naval y otros sectores vinculados.

El gremio advierte por el impacto sobre el empleo

La organización sindical recordó que los astilleros argentinos realizaron inversiones en infraestructura y en capacitación de técnicos, profesionales y trabajadores especializados con el objetivo de estar en condiciones de participar de la renovación de la flota pesquera.

«Tenemos una matriz industrial con capacidad para poder construir estos buques pesqueros», sostuvo el sindicato.

Desde esa perspectiva, el ingreso de embarcaciones fabricadas en otros países no constituye solamente una discusión sobre permisos de pesca, sino también sobre el destino de los recursos generados por la actividad y la posibilidad de convertirlos en empleo y producción dentro del territorio nacional.

El gremio reclamó que el Estado tenga en cuenta el impacto industrial de las decisiones vinculadas con la actividad pesquera y que se priorice la participación de los astilleros argentinos.

Sustentabilidad y desarrollo industrial

Además de cuestionar el procedimiento administrativo, el sindicato manifestó preocupación por la sustentabilidad del caladero de calamar y por el impacto que pueda tener la incorporación de nuevos buques sobre el recurso.

En su planteo, la política pesquera debería contemplar no solo la explotación inmediata sino también la preservación del recurso y la generación de valor agregado en Argentina.

El SAONSINRA vinculó la decisión del Consejo Federal Pesquero con el riesgo de repetir políticas que, según su evaluación, tuvieron consecuencias negativas para el entramado productivo naval durante la década de 1990.

El comunicado sindical cerró con una definición que resume su posición frente a la medida: «Sin industria no hay Nación», acompañada por un rechazo a las importaciones que, según denunció la organización, están afectando a la producción nacional.

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