El Partido Justicialista (PJ) difundió un documento en el que plantea una fuerte crítica al rumbo laboral del Gobierno nacional y propone una agenda alternativa centrada en la recuperación salarial, la reducción de la jornada de trabajo y la actualización de los regímenes laborales frente a los cambios tecnológicos y productivos.

En el texto, la conducción partidaria afirma que el país atraviesa un “proceso de precarización laboral” que —según interpreta— estaría vinculado a compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El comunicado sostiene que, en los últimos veinte meses, se habrían cerrado más de 19.000 empresas y destruido alrededor de 276.000 empleos formales, cifras que el PJ considera comparables a las de la crisis de 2001.

La caída del empleo, según el análisis del partido, afectaría a sectores como transporte, comercio, industria y construcción, este último con un retroceso superior al 16% del empleo registrado. Para la fuerza política, esto configuraría “un golpe al corazón productivo nacional”.

El documento también cuestiona la narrativa oficial respecto de la defensa de las pequeñas y medianas empresas. El PJ sostiene que las PyMEs continúan enfrentando cierres y que una porción mayoritaria de los despidos provendría de grandes compañías, lo que —desde su perspectiva— contradice el discurso gubernamental.

En cuanto al debate sobre la reforma laboral, el peronismo rechaza la idea de que la legislación argentina sea la causa del deterioro económico. Atribuye las dificultades al “desplome del consumo interno, la pérdida de poder adquisitivo y la falta de crédito para la producción”. También señala que las flexibilizaciones incorporadas en la Ley Bases no habrían generado empleo y, por el contrario, habrían coincidido con una mayor destrucción de puestos de trabajo.

Lejos de rechazar toda modificación normativa, el PJ plantea que la discusión debe centrarse en una reforma que amplíe derechos en lugar de recortarlos. En ese sentido, propone tres ejes:

• Recuperación del salario, considerada condición indispensable para reactivar el consumo y sostener la actividad económica.

• Reducción de la jornada laboral, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y favorecer la creación de nuevos empleos.

• Actualización de los regímenes laborales, incorporando derechos vinculados a la economía digital, la desconexión laboral, la ampliación de licencias, la prevención de riesgos y la participación en ganancias.

El comunicado recurre a citas de Eva Perón y Juan Domingo Perón para subrayar la idea de que los derechos deben ir acompañados de obligaciones y que la productividad se construye “con trabajadores formados y protegidos”.

La declaración cierra con una defensa del rol del Estado y con una advertencia sobre el rumbo oficial: el PJ afirma que la Argentina no debería convertirse en un “laboratorio de precarización”, sino en un modelo de “trabajo digno y producción” acorde al siglo XXI.