La Argentina dejó de fabricar su propia moneda. En el marco del plan de ajuste y reestructuración del Estado impulsado por el gobierno de Javier Milei, la Casa de la Moneda atraviesa un proceso de vaciamiento productivo que podría culminar en su privatización, mientras la emisión de billetes fue reemplazada por importaciones, principalmente desde China.
Desde la asunción del actual Gobierno, en diciembre de 2023, el histórico organismo dejó de imprimir billetes pese a contar con equipamiento de última generación: dos modernas máquinas alemanas permanecen inactivas. La Casa de la Moneda, que depende del Ministerio de Economía, fue intervenida en noviembre de 2024 y desde entonces se inició un fuerte recorte de personal. Bajo la conducción del interventor Pedro Cavagnaro, la dotación se redujo de 1.300 a alrededor de 600 trabajadores, mediante retiros voluntarios y despidos con indemnizaciones abonadas al 50%.
El futuro inmediato de la entidad se definirá en los próximos días, cuando venza la última prórroga de la intervención, fijada por 120 días. En el Gobierno admiten que la intervención no se extendería nuevamente y que se avanzaría en la designación de un directorio, como paso previo a su privatización. El proceso es coordinado por la Agencia de Transformación del Estado, conducida por Diego Chaher, funcionario de estrecha relación con el asesor presidencial Santiago Caputo, aunque todavía no se difundió un cronograma oficial.
En paralelo, la Casa de la Moneda enfrenta una compleja situación financiera. Acumula deudas superiores a los 300 millones de dólares con proveedores internacionales de insumos, billetes y maquinaria. Entre los acreedores figuran empresas y casas de moneda de España, Brasil, Alemania, Francia, Suiza, Estados Unidos, China y también firmas locales. De acuerdo a versiones periodísticas, el ministro de Economía, Luis Caputo, ordenó cancelar el capital adeudado en hasta 12 cuotas, sin reconocer intereses ni penalidades por mora, una decisión que generó inquietud en embajadas europeas y proveedores extranjeros.
Otro punto sensible es el creciente rol de China como proveedor casi exclusivo de billetes para la Argentina. En los últimos dos años, el país importó al menos 1.420 millones de unidades por un costo estimado de 72 millones de dólares, con valores notablemente inferiores a los ofrecidos por competidores europeos. Especialistas del sector advierten sobre posibles prácticas de “dumping” y señalan que delegar la fabricación de la moneda nacional en un solo país extranjero resulta inusual y estratégicomente riesgoso.
La reconversión de la Casa de la Moneda también implicó una poda significativa de sus funciones históricas. Tras transformarse en Sociedad Anónima Unipersonal, dejó de producir billetes de baja denominación, transfirió inmuebles y actividades a otros organismos del Estado y hoy su tarea principal se limita casi exclusivamente a la destrucción de billetes fuera de circulación.
De este modo, una institución emblemática, con más de 150 años de historia, quedó virtualmente desactivada. Mientras el Gobierno define su destino final, la Argentina ya no imprime su moneda y avanza hacia la posible venta de uno de los símbolos más tradicionales de la soberanía económica nacional.
