La diputada nacional Marcela Paso advirtió que el Gobierno busca reinstalar la desregulación de la Marina Mercante mediante una resolución administrativa de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), pese a que el Congreso ya había rechazado un decreto con ese mismo propósito.

El señalamiento recayó sobre la Resolución 41/25, publicada en el Boletín Oficial el 9 de septiembre, que según Paso “pretende restituir de manera solapada los efectos negativos del Decreto 340/25”, recientemente rechazado por el Poder Legislativo.

La legisladora denunció que la medida modifica sustancialmente el régimen de excepciones previsto en la Ley de Cabotaje Nacional (Decreto-Ley 19.492) y en la Ley 27.419 de la Marina Mercante, reemplazando el sistema de publicaciones y consultas previas por simples declaraciones juradas. Esto, alertó, abre la puerta a que buques extranjeros operen en tráficos reservados a embarcaciones de bandera argentina, debilitando la posición de los armadores nacionales.

“Esta resolución atenta contra la prioridad de la bandera argentina en el cabotaje, vulnera el principio de preferencia consagrado en la Ley y cambia los plazos de solicitud de excepciones, reduciendo el margen de respuesta de la flota nacional”, señaló Paso.

Entre los riesgos más graves, destacó la posibilidad de que tripulaciones extranjeras permanezcan de manera indefinida en el tráfico de cabotaje, ya que los certificados de excepción previstos en la norma tienen vigencia de hasta 180 días y pueden prorrogarse.

La diputada advirtió que la medida “solo traerá desempleo y desinversión”, afectando no solo a la marina mercante sino también a toda la industria naval del país. “El 95% del comercio argentino se realiza por vía acuática. Necesitamos una flota de bandera argentina, con tripulación argentina y con astilleros argentinos”, enfatizó.

Finalmente, Paso recordó que tanto la actividad naviera como la construcción naval son sectores estratégicos para la economía nacional, ya que generan empleo calificado y divisas a través de la exportación de bienes y servicios. Por eso, reclamó que el Congreso intervenga de manera urgente para evitar que la Resolución 41/25 avance en la práctica como una desregulación encubierta del sistema marítimo nacional.