El sindicato químico de Zárate aseguró que la multinacional francesa desvinculó a 15 trabajadores y dejó sectores estratégicos sin personal especializado. También advirtió sobre posibles riesgos para la seguridad industrial y reclamó la intervención de las autoridades laborales.

La situación laboral en la planta que la multinacional Air Liquide posee en Campana escaló en las últimas horas tras la denuncia presentada por el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate, que acusó a la empresa de despedir a 15 trabajadores y reemplazar funciones operativas con personal fuera de convenio colectivo.

La organización gremial sostiene que las desvinculaciones afectan áreas clave para el funcionamiento seguro de una instalación que trabaja con sustancias consideradas de alta complejidad y potencial riesgo, entre ellas hidrógeno, nitrógeno, dióxido de carbono y amoníaco.

Según informó el sindicato, los despidos se produjeron el pasado 23 de junio en un procedimiento que calificaron como sorpresivo y que derivó en la declaración del estado de alerta y movilización de los trabajadores.

Denuncias sobre el funcionamiento de la planta

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los representantes gremiales, durante las primeras horas de la mañana personal de seguridad privada retiró de la planta a trabajadores que ya habían iniciado sus tareas, sin que pudieran completar los procedimientos habituales para garantizar una operación segura de las instalaciones.

La organización también denunció que posteriormente se restringió el acceso a distintos sectores de la planta y que las comunicaciones sobre las desvinculaciones se realizaron de manera verbal, situación que generó incertidumbre entre los empleados afectados.

Uno de los aspectos que más preocupa al sindicato es la supuesta falta de personal capacitado en sectores técnicos fundamentales para el funcionamiento diario del establecimiento. Entre las áreas mencionadas figuran mantenimiento mecánico, electricidad, instrumentación, laboratorio y control de procesos.

Intervención de las autoridades laborales

Desde el gremio aseguraron que inspectores del Ministerio de Trabajo bonaerense verificaron la existencia de personal fuera de convenio desempeñando tareas operativas y constataron la ausencia de trabajadores en distintos sectores considerados estratégicos.

A partir de esa actuación, los representantes sindicales insistieron en que la situación requiere una pronta intervención para evitar que se profundicen los riesgos asociados a una actividad industrial de alta complejidad.

Las autoridades gremiales sostienen que una dotación reducida y sin experiencia específica podría afectar tanto los estándares de seguridad laboral como los protocolos técnicos necesarios para el manejo de sustancias químicas sensibles.

Preocupación por la seguridad industrial

Entre los cuestionamientos planteados, el sindicato señaló que la producción y despacho de dióxido de carbono utilizado en la industria alimenticia continuaría desarrollándose en medio del conflicto, situación que, según denuncian, podría realizarse sin la totalidad de los controles habituales de laboratorio.

Asimismo, remarcaron que la cercanía de otras instalaciones industriales en la zona incrementa la preocupación respecto de eventuales incidentes operativos. En particular, mencionaron la necesidad de extremar los controles vinculados al manejo de amoníaco, una sustancia que requiere estrictos protocolos de seguridad.

Acampe y pedido de reincorporación

Mientras continúan las gestiones ante organismos laborales provinciales, los trabajadores mantienen una protesta y un acampe en las inmediaciones de la planta para exigir la reincorporación de los despedidos.

El sindicato reclama además garantías sobre las condiciones de funcionamiento de la instalación y la apertura de una instancia de diálogo que permita resolver el conflicto sin afectar la seguridad de los trabajadores ni de la comunidad.

El caso suma un nuevo capítulo a la creciente conflictividad laboral que atraviesan distintos sectores industriales del país, donde los gremios denuncian procesos de ajuste, reducción de personal y deterioro de las condiciones de trabajo en un contexto económico cada vez más complejo.