
Gremiales | 26 de junio
Trabajadoras de casas particulares reclaman una suba urgente y piden oficializar los $5.000 por hora

El salario mínimo oficial de las empleadas domésticas quedó completamente desfasado respecto del costo de vida, y los gremios del sector reclaman al Gobierno una actualización inmediata: proponen fijar $5.000 por hora como nuevo piso salarial, casi el doble del valor vigente, que permanece congelado desde principios de año.
A pesar de que el mercado laboral ya se ajustó informalmente a esos montos, la última resolución oficial —la 1/2025 de la Secretaría de Trabajo— mantiene la hora de trabajo en apenas $2.863, para la categoría más común: tareas generales con retiro. El atraso frente a la inflación es tal que muchas trabajadoras han perdido cerca del 20% de su poder adquisitivo desde noviembre pasado.
“Una persona no puede vivir con lo que establece el salario oficial”, señalan desde los sindicatos, y advierten que ni siquiera alcanza para cubrir los productos más básicos, como pan, leche o transporte. Por ejemplo, un litro de leche ronda los $1.740 y un kilo de pan ya cuesta más de $3.500.
La Comisión está paralizada y el mercado se adelantó
En lo que va del año, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares no volvió a reunirse. Su parálisis empujó a muchas trabajadoras a negociar por fuera del esquema formal. Hoy, el precio de mercado para una hora de trabajo ronda entre $4.500 y $5.000, y en algunos casos se firman acuerdos donde esos valores figuran “a cuenta de futuros aumentos” para no perder derechos legales en el futuro.
El salario mensual de referencia —$351.233 para una trabajadora con retiro— también se aleja cada vez más de la realidad. Según estimaciones de los gremios, muchas empleadas cobran hasta un 75% más por fuera de convenio para compensar el atraso salarial. A ese monto base deben sumarse además otros ítems legales, como el 1% anual por antigüedad y el adicional por zona desfavorable (30%).
También suben los costos patronales
A esto se suma que los costos para los empleadores también aumentaron. Desde febrero, el pago de aportes y contribuciones por una trabajadora puede alcanzar hasta $28.688 mensuales, según la carga horaria. La presión es doble: por un lado, los empleadores enfrentan costos más altos, y por el otro, las trabajadoras reclaman una actualización que refleje los verdaderos valores de vida.
Si no hay una nueva resolución en los próximos días, los sueldos correspondientes a junio —que se abonan en julio— volverán a liquidarse con montos congelados, profundizando la brecha entre la normativa y la economía real.
Los gremios del sector exigen que se reactive la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y que el nuevo piso de $5.000 por hora sea reconocido oficialmente como base para retomar la formalidad y proteger tanto a empleadas como a empleadores frente a un contexto inflacionario cada vez más crítico.
