A dos años de haber sido rescatados de una situación de explotación laboral extrema, diez trabajadores rurales que realizaban tareas de desmonte en condiciones infrahumanas en Salta recibirán una indemnización total de 15 millones de pesos. El acuerdo fue homologado por la justicia federal como parte del proceso penal por trata de personas.

La investigación judicial se originó en noviembre de 2023, tras una inspección en un campo de la localidad de Joaquín V. González, conocida como “Suri Blanco”. Allí, los trabajadores eran obligados a vivir hacinados en un tráiler, sin acceso a agua potable, ni elementos de higiene, y utilizando sus propias herramientas para realizar tareas pesadas como desmonte.

Condiciones indignas y explotación sistemática

Los testimonios recabados durante la pesquisa revelaron que los obreros dormían en cuchetas dentro del tráiler, no recibían equipamiento de trabajo adecuado y pagaban, de su propio salario, por los alimentos provistos por el empleador. El pago era de 100.000 pesos por quincena, pero se les descontaban 30.000 pesos por la comida.

El principal acusado es Ángel Gustavo Enríquez, quien además de ser señalado como el responsable de las condiciones laborales, se encargaba de captar a los trabajadores en la localidad de Las Lajitas, trasladarlos al campo y luego devolverlos cada quince días.

Acuerdo judicial y reparación económica

El fiscal federal Ricardo Toranzos, junto al auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen, acusó a Enríquez del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en la modalidad de captación y traslado, con penas que oscilan entre 4 y 8 años de prisión.

En el marco del proceso judicial, se logró un acuerdo de reparación económica para las víctimas: cada uno recibirá 1.500.000 pesos en concepto de indemnización por los daños físicos y psicológicos sufridos. La medida fue calificada como “superadora” por el abogado de los trabajadores, y fue avalada por el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio.

El caso representa un precedente importante en la lucha contra la trata laboral y la reparación a las víctimas en el ámbito rural, donde muchas veces las denuncias no logran traducirse en justicia efectiva.