Martes 26 de Noviembre de 2024

Política | 26 de noviembre

Piden democracia y mantener un diálogo abierto con los sindicatos

La reciente intervención de la Obra Social del Personal Mosaista mediante el Decreto 880/2024 ha suscitado preocupaciones en torno a la defensa de la libertad sindical y el respeto a los derechos laborales en Argentina. Este tipo de medidas, que implican un avasallamiento a las obras sociales creadas por los sindicatos, plantean serias interrogantes sobre las verdaderas intenciones del gobierno.

 

Es fundamental recordar que las obras sociales son una manifestación de la libertad sindical, un derecho protegido por la Constitución (artículo 14 bis) y los tratados internacionales que Argentina ha ratificado. La ley sindical (Ley 23551) establece claramente que la libertad sindical debe ser garantizada en todos los aspectos relacionados con la organización y acción de las asociaciones sindicales.

 

Los artículos iniciales de dicha ley subrayan que la defensa de los intereses de los trabajadores incluye no solo condiciones laborales y salariales, sino también aspectos fundamentales como la salud. La ley garantiza a los sindicatos la administración de sus propias obras sociales, en consonancia con el principio de que las autoridades públicas deben evitar intervenciones que limiten este derecho.

 

El Convenio 87 de la OIT refuerza aún más esta perspectiva, estableciendo que las organizaciones de trabajadores tienen el derecho a organizar su administración sin temor a represalias o intervenciones administrativas. Por lo tanto, la intervención de la obra social no solo contraviene estos principios, sino que también puede ser vista como un intento de restringir la autonomía sindical y afectar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.

 

Es crucial que se mantenga un diálogo abierto y se respeten los derechos de los sindicatos para garantizar que se defiendan adecuadamente los intereses de los trabajadores en todas las dimensiones, incluida su salud. La intervención del gobierno en este contexto puede interpretarse como una amenaza a la libertad sindical, y es esencial que se tomen medidas para proteger este derecho fundamental en el país.

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