La tragedia evitada por poco con el hundimiento del remolcador Papu Mar en aguas del Río de la Plata puso en evidencia las tensiones que atraviesa hoy el sector marítimo argentino. Desde el gremio que nuclea a patrones y oficiales fluviales, su secretario general, el Capitán Mariano Moreno, advirtió con dureza: “Este tipo de accidentes van a ser cada vez más frecuentes si el gobierno insiste en desregular el cabotaje y abrir nuestras rutas a buques de bandera extranjera”.

La embarcación, de bandera paraguaya, sufrió un ingreso de agua por popa cuando se dirigía a Montevideo. Aunque no se registraron heridos, el incidente encendió todas las alarmas en el mundo gremial. Para Moreno, lo ocurrido no es un hecho aislado, sino una muestra de lo que podría multiplicarse si prospera la intención oficial de modificar la Ley de Cabotaje mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

“El gobierno quiere permitir el ingreso de buques con banderas de conveniencia y tripulaciones extranjeras, que no cumplen con los mismos estándares de seguridad, mantenimiento ni formación profesional que exige la normativa argentina. Eso no solo precariza el trabajo, sino que pone en riesgo vidas y el medio ambiente”, subrayó el dirigente.

 Riesgos operativos y dumping social

Moreno apuntó a la falta de controles equivalentes para buques extranjeros, a quienes —según denunció— no se les exige la misma rigurosidad que a las embarcaciones nacionales. “El Papu Mar es solo una muestra de lo que puede pasar si no se igualan las condiciones de seguridad y formación. Estamos hablando de impactos ambientales, pérdidas económicas y riesgo humano”.

Además, criticó el éxodo de empresas hacia países vecinos como Paraguay, donde encuentran menor carga impositiva y reglas laborales más flexibles: “La competencia entre trabajadores ya no será por formación ni experiencia, sino por quién está más precarizado. Eso no es competencia, es dumping social”.

Una legislación en la mira

El gremio exige no solo el cumplimiento del Tratado de Navegación con Paraguay, sino también la profesionalización del personal embarcado según los estándares de la Organización Marítima Internacional (OMI) y la eliminación de ventajas impositivas que hoy desbalancean el sector.

“Modificar la Ley de Cabotaje en favor de intereses extranjeros es desmantelar la Marina Mercante nacional. ¿Qué ganamos los argentinos con eso?”, cuestionó Moreno.

Con un 1° de mayo cargado de tensión social y política, el gremialismo marítimo anticipa una agenda de resistencia frente a un escenario de apertura que, según señalan, solo traerá precarización, desindustrialización y mayor inseguridad en las aguas.