El impacto de los aumentos en las tarifas de servicios esenciales, como el transporte público, ha afectado significativamente a las familias de clase media, dejando poco margen para otros gastos y forzando a recortar consumos imprescindibles. La situación ha sido particularmente dura con el subte, donde la demanda ha caído un 17% respecto al año pasado. Esto equivale, en términos de viajes, a reducir la jornada del servicio en tres horas. Los pasajeros enfrentan malas condiciones de viaje, especialmente en la línea B, donde aún no se ha renovado la flota, que contiene material con asbesto. Frente al aumento de tarifas, muchos optan por alternativas más económicas, como el tren, o simplemente prefieren caminar.

El concepto de "ingreso disponible", utilizado por los economistas, describe el dinero que queda a las familias una vez cubiertos impuestos y gastos fijos, como transporte, alquiler y servicios. Según una estimación de la consultora del exministro Hernán Lacunza, el ingreso disponible en los hogares promedio del AMBA cayó un 13,9% en 2024. Esta reducción refleja las dificultades que enfrentan las familias para cubrir sus necesidades básicas en un contexto económico recesivo.

Las familias se ven obligadas a ajustar sus gastos incluso en áreas consideradas fijas, como energía, alquileres, y alimentación. La búsqueda de ofertas y el regreso a vivir con los padres para ahorrar en alquiler y expensas se han convertido en estrategias comunes para llegar a fin de mes. En el transporte, la misma tendencia se observa, ya que el subte, que históricamente fue una opción popular por su frecuencia, ha dejado de ser la primera elección ante los aumentos de tarifas.

Desde principios de año, el precio del boleto del subte ha subido un 500%, pasando de 125 a 757 pesos, una cifra que contrasta con los ingresos salariales que no han tenido un aumento similar. Los colectivos también han sufrido incrementos: de 76,92 pesos en febrero a 371,13 pesos en agosto, lo que representa un aumento del 382,5%. Sin embargo, estos aumentos no se han acompañado de mejoras en la calidad del servicio, lo que genera descontento entre los usuarios.

En medio de esta situación, los gremios del transporte realizaron un paro nacional el 30 de octubre en protesta contra el ajuste económico del gobierno de Javier Milei. La medida fue respaldada por la mayoría de los sindicatos, que rechazaron tanto los aumentos de tarifas como la quita de subsidios y el intento de privatización de Aerolíneas Argentinas. El paro afectó gravemente la circulación de trenes, aviones, taxis y otros medios de transporte, aunque los colectivos no fueron incluidos en la protesta debido a la postura de la UTA, que pospuso su paro para un día después.

En paralelo, el 20 de noviembre, los trabajadores del subte realizaron una nueva protesta tras la muerte de un compañero, víctima de un cáncer pulmonar derivado de la exposición al asbesto en las formaciones de la línea B. El sindicato AGTSyP recordó que el asbesto, un material cancerígeno, estaba presente en los trenes de esta línea, lo cual fue negado por las autoridades durante años. Aunque en septiembre el jefe de Gobierno porteño anunció la compra de 174 nuevos coches para renovar la flota, las inversiones aún no llegaron a tiempo, y la tragedia evidencia la falta de medidas para mejorar las condiciones laborales y de viaje en el sistema de subterráneos.

En resumen, la escalada tarifaria no solo ha afectado la capacidad de las familias para cubrir sus gastos básicos, sino que también ha generado una profunda crisis en el transporte público, donde las protestas y la caída en la demanda reflejan un malestar creciente.