Tras la media sanción en el Senado, las 62 Organizaciones Peronistas redoblaron su posicionamiento contra el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Poder Ejecutivo y le pidieron a la Cámara de Diputados “responsabilidad” y el “rechazo total” de la iniciativa.

En un documento difundido luego de las movilizaciones realizadas para expresar su rechazo, el espacio que conduce José Ibarra cuestionó la denominada Ley de Modernización Laboral y advirtió que se trata de “un ataque directo a las conquistas históricas de los trabajadores”.

“El proyecto representa un retroceso histórico que vulnera derechos fundamentales, debilita la organización sindical y reinstala un modelo de relaciones laborales basado en la precariedad y la desprotección”, señalaron.

Cuestionamientos constitucionales e internacionales

En el texto, “las Seis Dos” sostienen que la iniciativa vulnera normas constitucionales y tratados internacionales suscriptos por la Argentina. En particular, mencionan el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos sociales, previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Además, afirman que la reforma implicaría una “deslaboralización” de relaciones de trabajo, limitaría la solidaridad laboral y fomentaría figuras no contributivas que afectarían la cobertura previsional futura de los trabajadores.

Impacto en la organización sindical

Las 62 Organizaciones enumeraron una serie de puntos que consideran especialmente regresivos: el debilitamiento de la negociación colectiva por actividad, restricciones al derecho constitucional de huelga, la eliminación de la Justicia del Trabajo especializada, la voluntarización de aportes sindicales a partir de 2028 y la incorporación de mecanismos como bancos de horas y topes indemnizatorios.

Para el espacio peronista, la evidencia comparada demuestra que “las reformas regresivas no crean empleo, sino que precarizan el existente y transfieren recursos del trabajo al capital sin beneficio social verificable”.

En ese marco, instaron a los diputados nacionales a rechazar la iniciativa y remarcaron que cualquier discusión sobre cambios en el régimen laboral debe partir del “respeto irrestricto al piso de derechos fundamentales”, promoviendo productividad e inversión sin recortar garantías laborales.

Con el debate inminente en la Cámara baja, las 62 Organizaciones buscan influir en el poroteo final y consolidar un frente sindical que frene el avance de la reforma en su instancia decisiva.