Con un amplio acompañamiento de los bloques provinciales y de la denominada oposición dialoguista, el Senado de la Nación aprobó en general el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa obtuvo 42 votos afirmativos contra 30 negativos tras más de 14 horas de debate y quedó a un paso de convertirse en ley, en medio de fuertes críticas del sindicalismo que advierte un “golpe estructural” al modelo laboral argentino

La votación se produjo pasada la una de la madrugada y estuvo marcada por una situación inusual: el texto definitivo llegó a los despachos de los senadores minutos después de haberse realizado la votación en general, lo que generó cuestionamientos por la falta de lectura y análisis del articulado completo.

El oficialismo contó con el respaldo casi total de los gobernadores. A los 21 votos propios de La Libertad Avanza se sumaron los 10 de la UCR, 3 del PRO, 2 de Provincias Unidas y 6 senadores de fuerzas provinciales alineados con sus mandatarios, entre ellos representantes de Misiones, Chubut, Tucumán, Salta y Neuquén. La única excepción fue Santa Cruz, donde los legisladores que respondieron al gobernador Claudio Vidal votaron en contra junto al interbloque peronista, que se mantuvo cohesionado pese a tensiones internas.

Desde el sindicalismo señalaron que, pese a gestiones de la CGT con distintos senadores, el resultado reflejó el peso decisivo de los gobernadores a favor del proyecto del Ejecutivo, incluso en puntos que afectan de lleno derechos laborales históricos.

La iniciativa, denominada oficialmente “Ley de Modernización Laboral”, introduce profundas modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, deroga estatutos profesionales y redefine el sistema de negociación colectiva. Aunque el texto sufrió cambios del último momento, mantuvieron los ejes más resistidos: la virtual eliminación del derecho de huelga, la primacía del convenio por empresa por sobre los acuerdos por actividad, la creación del banco de horas y un nuevo esquema que financia las indemnizaciones empresariales.

Entre las modificaciones incorporadas en la previa de la sesión se destacó la continuidad de los aportes solidarios sindicales, con un tope del 2%, mientras que los aportes de las cámaras empresarias se mantendrán en el 0,5%. También se descartó la reducción del aporte patronal a las obras sociales y se preservó el rol de los contratos como agentes de retención, puntos que habían sido reclamados por la CGT.

Por presión de los gobernadores, el Gobierno retiró además la propuesta de rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades, que impactaba en la coparticipación provincial. La Casa Rosada anticipó que ese debate quedará para una futura reforma tributaria integral.

Uno de los pilares del proyecto es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema obligatorio de capitalización para cubrir indemnizaciones y obligaciones por despidos. A instancias de la UCR, se desarrolló un esquema diferenciado: las grandes empresas aportarán un 1% mensual y las pymes un 2,5%, en lugar del 3% uniforme previsto originalmente.

La ley también redefine el régimen indemnizatorio, limita los conceptos que se toman para el cálculo y establece que la indemnización será la única reparación frente al despido sin causa, cerrando la puerta a otros reclamos judiciales. Además, introduzca nuevas reglas para licencias por enfermedad, habilitando reducciones salariales cuando la dolencia no esté vinculada a la actividad laboral.

En materia de condiciones de trabajo, se habilita el banco de horas, se flexibiliza el régimen de vacaciones y se crean programas de incentivo a la formación laboral y la inversión empresarial. Al mismo tiempo, se fija un plazo de un año para la derogación de múltiples estatutos profesionales, entre ellos los de periodistas, viajeros de comercio y peluqueros, un punto que generó particular polémica en el recinto.

La media sanción también establece límites a la ultraactividad de los convenios colectivos, reduce los plazos de negociación una vez vencidos y refuerza la prevalencia de los acuerdos por empresa, lo que, según los gremios, debilita la negociación colectiva y promueve una competencia a la baja en salarios y condiciones laborales.

Con la aprobación en el Senado, el proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde se anticipa un escenario de alta conflictividad política y social. Las centrales sindicales ya evalúan nuevas medidas de fuerza ante lo que consideran una reforma regresiva que redefine el equilibrio entre capital y trabajo en la Argentina.