La causa que investiga una presunta estafa millonaria contra trabajadores feriantes dio este jueves un paso clave. El exdirigente sindical Walter Godoy fue citado a declaración indagatoria junto a Gonzalo y Jonatan Rojas, señalados como sus presuntos socios, en el marco de una denuncia que involucra un perjuicio económico cercano a los 40 millones de pesos.

La audiencia está prevista para las 8 de la mañana y se inscribe en una investigación impulsada por más de treinta feriantes que comercializaban sus productos en el playón de la cooperativa Ocean, en el predio de La Salada. Los denunciantes aseguran haber sido víctimas de un ardid mediante el cual los acusados se presentaban como gestores capaces de destrabar un conflicto judicial a cambio de sumas de dinero.

De acuerdo al expediente, los trabajadores sostienen que los pagos se realizaron bajo la promesa de que el dinero sería destinado a una funcionaria judicial. En ese sentido, indicaron que la supuesta intermediación incluía a la fiscal María Cecilia Incardona, cuya declaración aún no se concretó y es considerada determinante para el avance de la causa.

Uno de los feriantes afectados, que pidió mantener su identidad en reserva, relató que los acusados se aprovecharon de un momento de extrema vulnerabilidad. “Estábamos desesperados por no tener dónde trabajar. Jugaron con esa necesidad para sacarnos plata. Somos laburantes, no gente acostumbrada a estas maniobras”, expresó. Según su testimonio, parte del dinero fue entregado en un domicilio ubicado en la localidad bonaerense de Longchamps.

La secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores Feriantes (SUTFRA), Mariana Berbeglia, celebró el avance judicial y reclamó una condena ejemplar. “Me da tranquilidad que la Justicia haya actuado. Espero que se condene a quienes ensucian y dañan a los trabajadores como ocurrió en este caso”, sostuvo la dirigente sindical.

Desde el gremio remarcaron además que una porción significativa de los damnificados —más del 80%, según consta en la causa— son trabajadores migrantes de origen boliviano, lo que, advierten, agravó la situación de indefensión frente a la maniobra denunciada.

La investigación continúa en curso y, tras las indagatorias, la Justicia deberá definir la situación procesal de los acusados en una causa que volvió a poner bajo la lupa los abusos y estafas que afectan a los sectores más vulnerables del trabajo informal.