El traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita porteña entró en su etapa decisiva. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tiene previsto votar el próximo jueves la ratificación del convenio que permitirá incorporar las competencias laborales al Poder Judicial porteño.

El tratamiento será sobre tablas, sin pasar previamente por las comisiones legislativas, y representa uno de los pasos administrativos pendientes para completar la transferencia de competencias que ya fue aprobada por el Congreso nacional en el marco de la reforma laboral.

En el Gobierno de Jorge Macri consideran que la aprobación permitirá avanzar con el armado institucional del nuevo fuero y mantienen como objetivo que los primeros tribunales comiencen a funcionar en febrero de 2027.

Cómo será la nueva estructura

En una primera etapa, el esquema contempla la creación de 10 juzgados de primera instancia y una Cámara de Apelaciones con dos salas.

El Consejo de la Magistratura porteño ya remitió a la Legislatura los pliegos correspondientes a los candidatos que ocuparían los nuevos cargos judiciales. Entre los postulantes aparecen María Sol Loredo, Francisco Elissondo y Laura Alejandra Calogero para los juzgados de primera instancia, mientras que Diego Javier Tula y Patricia Paola Ceriani figuran entre los candidatos para integrar la Cámara.

Los nombramientos deberán atravesar el procedimiento legislativo correspondiente y serán analizados por los organismos de la Legislatura, incluida la Junta de Ética que preside el legislador Matías Lammens.

Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura avanza con tareas vinculadas a la puesta en funcionamiento de la nueva estructura, como la incorporación de empleados, la adecuación de edificios y la adquisición del equipamiento necesario.

El financiamiento, la principal incógnita

Uno de los puntos que todavía genera incertidumbre es el financiamiento del traspaso.

El acuerdo firmado a comienzos de año entre el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, no establece una cifra concreta sobre los fondos que debería transferir Nación para sostener las nuevas competencias.

El convenio establece el inicio de negociaciones para avanzar posteriormente en acuerdos específicos de transferencia, pero no determina cuál será el monto destinado al funcionamiento del fuero laboral.

Desde la administración porteña aseguran que cuentan con recursos para poner en marcha la primera etapa, aunque reconocen que la discusión sobre el financiamiento de largo plazo todavía permanece abierta.

Buscan descomprimir la Justicia Laboral

Uno de los principales argumentos utilizados para impulsar el traspaso es la situación de saturación que atraviesa la Justicia Nacional del Trabajo.

El fuero nacional concentra alrededor de 700.000 expedientes pendientes, distribuidos en unos 80 juzgados y 12 salas, mientras recibe aproximadamente 60.000 nuevas causas cada año.

Con el nuevo esquema, los expedientes que ya se encuentran iniciados continuarían bajo jurisdicción nacional, mientras que las nuevas demandas laborales que correspondan al ámbito porteño pasarían a tramitarse directamente ante los tribunales de la Ciudad.

El objetivo declarado es reducir los tiempos de resolución y generar una estructura judicial con mayor capacidad para absorber el volumen de litigios laborales que se producen en el distrito.

Una transferencia todavía cuestionada

El proceso, sin embargo, no está exento de conflictos judiciales.

La Asociación de Magistrados presentó planteos contra la transferencia y consiguió una medida cautelar que suspendió los efectos de la normativa mientras continúa la discusión sobre su constitucionalidad.

A pesar de ese escenario, el Gobierno porteño mantiene el cronograma de implementación y trabaja para llegar con la estructura inicial preparada al 1° de febrero de 2027.

Además, el Ejecutivo de Jorge Macri proyecta una ampliación posterior de la estructura, que llevaría el sistema hasta 80 juzgados laborales y 10 salas de Cámara, junto con la creación de un mecanismo de conciliación obligatoria previa.

La votación de este jueves será, de esta manera, un paso central para definir el futuro de la Justicia Laboral en la Ciudad y avanzar con un traspaso que promete modificar de manera significativa el mapa de competencias judiciales en materia laboral.