La transferencia del fuero laboral a la Justicia porteña entrará esta semana en una instancia decisiva. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tiene previsto votar el jueves la ratificación del traspaso de competencias desde la órbita nacional, una medida que el Gobierno de Jorge Macri considera estratégica para profundizar la autonomía judicial del distrito.

El proyecto será tratado sobre tablas, sin pasar previamente por las comisiones legislativas. La decisión busca acelerar un proceso que ya fue aprobado por el Congreso nacional, pero que todavía requiere la aceptación formal de la Ciudad para avanzar.

En el Ejecutivo porteño estiman que, si se cumplen los plazos previstos, los primeros tribunales laborales locales podrían comenzar a funcionar en febrero de 2027.

Diez juzgados y una Cámara de Apelaciones

El diseño inicial contempla la creación de diez juzgados de Primera Instancia y una Cámara de Apelaciones dividida en dos salas.

En paralelo, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad ya remitió a la Legislatura los pliegos correspondientes a los primeros 21 cargos judiciales que deberán cubrirse para poner en funcionamiento la estructura.

Entre los postulantes aparecen María Sol Loredo, Francisco Elissondo y Laura Alejandra Calogero, propuestos para los juzgados de primera instancia, mientras que Diego Javier Tula y Patricia Paola Ceriani figuran entre los candidatos para integrar la Cámara.

Los pliegos serán analizados en el ámbito legislativo antes de avanzar con las designaciones.

El dinero, el gran interrogante

Más allá de la aprobación legislativa y de la designación de magistrados, el principal obstáculo que enfrenta el proceso es financiero.

El acuerdo firmado a comienzos de año entre el entonces jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, estableció el inicio de las negociaciones para determinar los convenios específicos vinculados con la transferencia.

Sin embargo, el entendimiento no fijó una cifra concreta respecto de los recursos que deberá girar el Estado nacional para financiar el funcionamiento del nuevo fuero.

La falta de precisión sobre el financiamiento genera preocupación en la Ciudad, aunque desde el Gobierno porteño aseguran que cuentan con recursos propios para afrontar la primera etapa de implementación.

El punto no es menor: el traspaso implica incorporar magistrados, empleados, infraestructura, equipamiento y toda una estructura administrativa para atender las nuevas causas laborales.

¿Qué pasará con las causas que ya existen?

Uno de los aspectos centrales del proceso es determinar qué expedientes serán absorbidos por la nueva Justicia laboral porteña.

El esquema acordado establece que las causas que ya están en trámite continuarán en la Justicia Nacional del Trabajo, mientras que los nuevos expedientes que se inicien una vez implementado el traspaso serán derivados a los tribunales porteños.

La reforma apunta, entre otros objetivos, a descongestionar el fuero nacional, que atraviesa desde hace años una situación de fuerte saturación.

Según los datos difundidos en el marco del proyecto, la Justicia Nacional del Trabajo acumula alrededor de 700.000 expedientes pendientes, distribuidos en 80 juzgados y 12 salas, y recibe aproximadamente 60.000 nuevas causas cada año.

Una transferencia que también está judicializada

El proceso, sin embargo, no avanza sin resistencia.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional presentó cuestionamientos contra la transferencia y obtuvo una medida cautelar que suspendió los efectos de la ley mientras continúa el debate sobre su constitucionalidad.

La discusión excede así el plano administrativo y se convirtió también en una disputa judicial sobre los alcances de la autonomía porteña y las competencias de la Justicia Nacional.

El futuro del nuevo fuero dependerá, en parte, de cómo evolucionen esas presentaciones.

Preparan edificios, personal y equipamiento

Mientras continúa el debate institucional, el Gobierno porteño y el Consejo de la Magistratura avanzan con los aspectos operativos.

Según la planificación oficial, se trabaja en la contratación de personal, adecuación de edificios y adquisición de equipamiento informático, con el objetivo de que la estructura inicial esté lista para comenzar a funcionar el 1° de febrero.

La estrategia no se limitaría a los diez juzgados previstos en la primera etapa.

El Ejecutivo porteño impulsa además una reforma de mayor alcance que contempla llevar progresivamente la estructura hasta 80 juzgados laborales y diez salas de Cámara, además de incorporar un servicio de conciliación obligatoria previa.

Una transformación con impacto en trabajadores y empresas

El traspaso representa una modificación significativa en el mapa de la Justicia laboral argentina.

Si finalmente comienza a funcionar en febrero, los nuevos conflictos laborales iniciados en la Ciudad pasarán a tramitar ante tribunales porteños, mientras que los expedientes ya radicados permanecerán bajo jurisdicción nacional.

La iniciativa promete ser seguida de cerca por sindicatos, abogados laboralistas y cámaras empresarias, ya que implicará un cambio en los procedimientos, las estructuras judiciales y eventualmente en los tiempos de resolución de los conflictos.

Por ahora, el próximo paso será político: la Legislatura porteña deberá definir el jueves si ratifica formalmente el traspaso.

A partir de allí comenzará una nueva etapa, marcada por dos preguntas decisivas: si la Justicia laboral porteña logrará estar operativa en febrero y cuánto terminará costando la transferencia que Nación todavía no terminó de financiar.