El cierre de una sucursal de Musimundo en Eldorado dejó a seis trabajadores sin empleo y abrió un nuevo conflicto por el pago de las indemnizaciones. Entre ellos se encuentra Carlos Cardozo, quien después de 25 años de antigüedad fue desvinculado a los 57 años y asegura que la empresa decidió pagarle lo que le corresponde en 12 cuotas, sin que existiera un acuerdo previo con los trabajadores.

La situación se agravó cuando llegó la fecha prevista para el primer pago. Según relató Cardozo, la compañía había establecido que la primera cuota debía depositarse el 1° de agosto, pero transcurrieron 20 días sin que los trabajadores recibieran el dinero ni una explicación formal sobre el incumplimiento.

«Nos sentimos estafados porque están jugando con toda esa gente. Somos seis personas que quedamos directamente a la deriva», sostuvo el exempleado en declaraciones a FM 89.3 Santa María de las Misiones.

Un cierre que dejó a seis familias sin ingresos

El conflicto comenzó el 24 de junio, cuando un gerente regional se presentó en el establecimiento y notificó a los trabajadores que la empresa prescindiría de sus servicios.

De acuerdo con el relato de Cardozo, en ese momento se les informó que buena parte de las sucursales de la cadena habían sido vendidas y que solamente algunos locales permanecían a la espera de una definición.

La incertidumbre se extendió durante varias semanas hasta que finalmente también se confirmó el cierre de la sucursal de Eldorado, junto con otros establecimientos ubicados en Andresito, Aristóbulo del Valle, Punta Alta y Las Breñas.

Los seis empleados afectados tenían diferentes niveles de antigüedad, desde tres hasta 25 años de trayectoria dentro de la empresa.

La empresa fijó el pago en cuotas

El principal foco de conflicto apareció al momento de determinar cómo serían abonadas las indemnizaciones.

Cardozo afirmó que la empresa comunicó mediante una carta documento que los montos serían cancelados en 12 cuotas, una decisión que, según sostuvo, fue tomada de manera unilateral y sin un acuerdo con los trabajadores ni intervención previa de la autoridad laboral.

El primer pago debía concretarse el 1° de agosto. Sin embargo, la fecha pasó sin que se acreditara el dinero.

El exempleado cuestionó además que la compañía ni siquiera habría informado oficialmente las razones del incumplimiento.

Según su relato, fueron los propios trabajadores quienes tuvieron que comunicarse con la empresa para intentar obtener explicaciones, mientras que tampoco habrían recibido respuestas concretas del área de Recursos Humanos.

Intervino el Ministerio de Trabajo

Frente a la falta de respuestas, los seis exempleados recurrieron al Ministerio de Trabajo de Misiones.

Cardozo aseguró que desde el organismo cuestionaron el mecanismo utilizado por la empresa para establecer el pago en cuotas y enviaron una intimación para que se iniciaran los desembolsos en un plazo de 48 horas.

Sin embargo, según denunció el trabajador, ese plazo también venció sin que los pagos se concretaran.

Los exempleados sostienen que cualquier acuerdo para cancelar una indemnización de manera fraccionada debería contar con el consentimiento de los trabajadores y formalizarse ante la autoridad laboral correspondiente.

La incertidumbre por el concurso de acreedores

A la disputa por las indemnizaciones se suma otra preocupación: conocer cuál es la situación de los créditos laborales frente al concurso de acreedores que habría iniciado Musimundo.

Los trabajadores buscan confirmar formalmente si sus acreencias fueron incorporadas al proceso y qué posibilidades tendrán de cobrar lo que les corresponde.

La preocupación crece debido al volumen de la deuda que arrastraría la empresa. Según trascendió, la cadena de retail acumularía obligaciones por más de $63.000 millones.

«Teóricamente el gerente regional dice que estamos, pero tampoco podemos confiar en su palabra», expresó Cardozo.

Con seis trabajadores despedidos, indemnizaciones que no comenzaron a pagarse y dudas sobre el futuro de sus créditos laborales, el caso vuelve a poner en evidencia la situación de empleados que, después de años de permanencia en una empresa, quedan atrapados entre cierres, despidos y procesos de reestructuración empresarial.

Para Cardozo, el problema tiene además una dimensión personal: después de un cuarto de siglo de trabajo y con 57 años, sigue esperando cobrar una indemnización que considera indispensable para afrontar una nueva etapa laboral marcada por la incertidumbre.