En el primer día hábil de noviembre, la bolsa porteña experimentó un aumento cercano al 1,5%, manteniendo la tendencia positiva que se había observado durante las últimas semanas de octubre. Los bonos soberanos también registraron incrementos de hasta casi 2%, mientras que el riesgo país se situó en 952 unidades. El dólar MEP rebotó casi 1% y cerró en torno a los 1,241 pesos.

El Banco Central (BCRA) anunció una reducción de la tasa de política monetaria, pasando del 40% al 35% anual, y también disminuyó la tasa de interés de pases activos del 45% al 40%. La decisión se fundamenta en la mejora en las expectativas de inflación y un contexto de mayor liquidez en el mercado.

Uno de los objetivos de esta baja de tasas es estimular el crédito interno, buscando reactivar la actividad económica tras el impacto negativo en los ingresos y la producción.

El Ministerio de Economía presentó ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos su informe anual, en el que se reconoce una apreciación del tipo de cambio durante el año, aunque se sostiene que sigue siendo competitivo. El informe también destaca la intención del gobierno de avanzar con privatizaciones y menciona los juicios en tribunales estadounidenses como un desafío para la economía.

Conocido en el ámbito financiero como “18-K”, el documento repasa eventos económicos y políticos recientes y es parte de la comunicación habitual de Argentina con inversores en Wall Street. Sin embargo, el gobierno mantuvo un perfil bajo respecto a temas críticos como el esquema cambiario y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El plan económico del gobierno incluye un esquema de "crawling peg" que implica una devaluación mensual del 2% y un enfoque en moderar la volatilidad del tipo de cambio para apoyar la estrategia antiinflacionaria. Además, se subraya que la depreciación controlada del peso ha contribuido al proceso de desinflación.

El ajuste fiscal hacia el déficit cero en el primer año es otro pilar del plan, con ajustes en tarifas de servicios públicos que se reanudaron en agosto para evitar distorsiones y garantizar la sostenibilidad del sector energético. El gobierno busca equilibrar la consolidación fiscal con la protección social, priorizando a sectores vulnerables en sus políticas tarifarias.

Finalmente, la administración de Milei reafirmó su intención de avanzar en la privatización de empresas públicas para reducir el gasto y modernizar el Estado, haciendo un análisis histórico de las privatizaciones de los años 90 y su impacto en la inversión extranjera directa.