El gobierno de Entre Ríos, encabezado por Rogelio Frigerio, salió a minimizar el cese de contratos de trabajadores del Registro Único de la Verdad (RUV) y rechazó las denuncias de un presunto vaciamiento institucional realizadas por la Red de Organismos de Derechos Humanos de la provincia (RODHER) y la Multisectorial de Derechos Humanos.

Desde el Ejecutivo provincial aseguraron que la medida adoptada no implica despidos ni afecta el funcionamiento del organismo, y negaron de manera categórica cualquier intento de desmantelamiento de las políticas públicas en materia de derechos humanos.

La controversia se desató luego de que organizaciones de derechos humanos alertaran sobre la no renovación de contratos en el RUV, espacio clave para la preservación de la memoria, la verdad y la justicia en la provincia. Frente a estas acusaciones, el gobierno difundió un comunicado oficial para aclarar su posición.

“Ante versiones que circulan públicamente y que inducen a interpretaciones erróneas, el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos considera necesario realizar las siguientes aclaraciones de manera enfática y categórica: no existe ningún desmantelamiento del Registro Único de la Verdad. No hay cesantías ni despidos de trabajadores”, señalaron desde la administración provincial.

Contratos no renovados y descargos oficiales

Según detallaron, la decisión alcanzó a tres contratos temporarios, cuya continuidad estaba sujeta a evaluaciones periódicas. “Se trata de vínculos laborales a plazo determinado, cuya no renovación no afecta la operatividad del organismo”, explicaron desde el Ejecutivo.

En el mismo sentido, remarcaron que la cantidad de contratos no renovados representa menos del 6% del total de contratos temporarios vigentes en la Administración Pública provincial, y aclararon que no se trató de despidos sino de una medida administrativa puntual.

El comunicado oficial también subrayó que las políticas de derechos humanos continúan plenamente vigentes en Entre Ríos y que la intervención del Estado en causas de lesa humanidad se encuentra garantizada. “La presencia del Estado provincial en estos procesos está asegurada, tanto desde el Ministerio de Seguridad y Justicia como desde la Dirección de Derechos Humanos, con profesionales capacitados y con competencia suficiente para ejercer ese rol”, indicaron.

Finalmente, el gobierno sostuvo que las decisiones adoptadas responden a criterios administrativos objetivos, orientados a optimizar recursos y fortalecer la gestión pública. “El compromiso del Estado entrerriano con la memoria, la verdad y la justicia permanece intacto”, concluye el texto difundido por fuentes oficiales.

Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos mantienen su preocupación y continúan reclamando explicaciones más profundas sobre el impacto de estas decisiones en el funcionamiento del Registro Único de la Verdad.