Las organizaciones sindicales de Neuquén vinculadas a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la CTA de los Trabajadores avanzaron en la Justicia con una acción de amparo contra el Estado nacional para cuestionar la reciente reforma laboral. El planteo judicial busca que se declare la inconstitucionalidad de la mayor parte de la llamada Ley de Modernización Laboral.

La presentación fue realizada este lunes ante el Juzgado Federal con competencia en la provincia de Neuquén y lleva la firma del dirigente sindical Carlos Quintriqueo, quien encabeza ambas organizaciones en el distrito. En el escrito, las entidades también solicitaron una medida cautelar para suspender de manera inmediata la aplicación de la norma mientras se resuelve el fondo del planteo.

Según argumentaron los gremios, la legislación implica un fuerte retroceso en materia de derechos laborales y sindicales, al considerar que contradice principios constitucionales y tratados internacionales que protegen el trabajo y la organización sindical.

El amparo presentado por ATE y la CTA neuquina se diferencia de la estrategia judicial impulsada días atrás por la Confederación General del Trabajo (CGT). En ese caso, la central sindical había cuestionado únicamente dos artículos de la norma vinculados al traspaso de la Justicia laboral del ámbito nacional al de la Ciudad de Buenos Aires. En cambio, la nueva presentación apunta contra gran parte del contenido de la ley.

Entre los fundamentos, los sindicatos sostienen que la normativa reproduce varios puntos del capítulo laboral incluido en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que previamente había sido declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

En el documento judicial también se advierte que la reforma vulnera el principio de progresividad de los derechos laborales al eliminar garantías históricas sin una justificación suficiente. En esa línea, los gremios sostienen que se trata de un proceso de desmantelamiento de normas que durante décadas estructuraron el sistema de protección del trabajo.

Otro de los ejes del planteo apunta contra la nueva regulación del derecho de huelga. Según el amparo, la ampliación del listado de servicios esenciales —que ahora incluiría actividades como la banca, el comercio electrónico y la industria alimenticia— y la exigencia de mantener altos niveles de prestación durante las medidas de fuerza limitarían de manera significativa la posibilidad de ejercer ese derecho.

Asimismo, el escrito cuestiona los cambios introducidos en el sistema de negociación colectiva. En particular, se objeta el conjunto de artículos que priorizan los convenios por empresa sobre los acuerdos por actividad y modifican el régimen de ultraactividad de los convenios colectivos, lo que —según los sindicatos— podría dejar a los trabajadores sin protección si no se renueva un acuerdo vigente.

Con este nuevo amparo, el frente sindical suma otra ofensiva judicial contra la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, en un escenario de creciente disputa política y legal sobre el alcance de los cambios en la legislación del trabajo.