El Juzgado Comercial N°29 decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), la empresa encargada de elaborar los reconocidos postres, yogures y flanes SanCor, poniendo fin a una compañía que llevaba años de conflictos financieros y laborales. La decisión, firmada el 30 de octubre por el juez Federico Güerri, implica el cierre definitivo de las plantas de Arenaza (Buenos Aires) y Córdoba, dejando a más de 550 trabajadores sin sus puestos.

La resolución judicial ordena la liquidación inmediata de la firma, el bloqueo de cuentas bancarias, la inhibición general de bienes y la entrega de los establecimientos industriales. Además, ratifica a la sindicatura “Guillemi & Rosental” para llevar adelante el proceso, mientras se fija el 9 de febrero de 2026 como fecha límite para la presentación de créditos.

El derrumbe de ARSA no tomó por sorpresa al sector. Desde su creación, la empresa acumuló irregularidades financieras, falta de transparencia y graves incumplimientos laborales. En su estructura participaron fondos vinculados al Vicentin Family Group, radicado en Uruguay, y más tarde los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, también responsables de La Suipachense a través de Maralac S.A..

Durante los últimos años, los trabajadores padecieron salarios impagos o parciales, pagos en negro y más de tres años sin aportes a la obra social, mientras la producción caía a niveles mínimos. Ante la ausencia de respuestas, muchos empleados se consideraron despedidos, mientras otros continuaron reclamando con el apoyo de Atilra, incluso recurriendo a ayuda alimentaria para subsistir.

Fuentes gremiales y del propio sector califican el proceso como una “quiebra fraudulenta”, denunciando que el concurso de acreedores nunca se formalizó y que los supuestos intentos de reestructuración fueron solo maniobras dilatorias. El mecanismo de salvataje previsto por la ley fracasó, ya que no hubo interesados en adquirir la compañía y los actuales dueños no respondieron a las propuestas judiciales.

El fallo también ordena incorporar al proceso $83 millones embargados, que serán destinados a cubrir parte de las deudas acumuladas. Sin embargo, las perspectivas para los trabajadores son desalentadoras.

En el sector lácteo, crece la alarma por el futuro de La Suipachense, controlada por el mismo grupo empresario y que atraviesa una situación crítica similar. “Son unos atorrantes que la vaciaron y la fundieron”, resumió una fuente cercana al caso, reflejando la indignación y el hartazgo que genera el cierre de una de las principales productoras de alimentos frescos del país.