En medio de la profunda recesión que atraviesa la industria siderúrgica, la empresa Acindar y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución alcanzaron un acuerdo para prorrogar durante todo 2026 el régimen de suspensiones rotativas que afecta a unos 2.500 trabajadores de la planta.

El entendimiento, que quedó plasmado en una minuta firmada por la empresa y el sindicato, deberá ser ahora homologado por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. La medida busca contener el impacto laboral de la fuerte caída de la producción, en un escenario marcado por el derrumbe del mercado interno, el cierre de empresas y la paralización de la obra pública a nivel nacional.

Según lo acordado, el esquema prevé suspensiones de carácter rotativo y un pago salarial proporcional, con un porcentaje que irá reduciéndose de manera escalonada a lo largo del año. El salario durante los períodos de suspensión será del 83% en enero y febrero; 81% en marzo y abril; 80% entre mayo y julio; 78% en agosto y septiembre; y 75% en el último trimestre de 2026.

Acindar viene operando desde 2024 con apenas la mitad de su capacidad productiva, una situación que se profundizó tras el freno casi total de la obra pública dispuesto por el gobierno nacional. Durante 2024 y 2025, la empresa ya había implementado un esquema similar, que se ajustó mes a mes según el nivel de actividad. El nuevo acuerdo busca replicar ese modelo ante la previsión de que el próximo año mantenga un escenario igual de adverso.

Los indicadores oficiales y sectoriales confirman la magnitud de la crisis. De acuerdo con el Indec, el Índice de Producción Industrial Manufacturero registró en octubre una caída interanual del 2,9%. En el ámbito provincial, la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) alertó que hacia septiembre el 60% de las ramas industriales mostraba retrocesos en su nivel de actividad.

La situación del acero es particularmente crítica. Fisfe informó que la producción siderúrgica en Santa Fe se desplomó un 45% interanual, alcanzando niveles que no se registraban desde hace 17 años. La entidad atribuyó este escenario a la baja demanda interna y al impacto directo del freno a la obra pública nacional.

El deterioro productivo se refleja también en el empleo. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señaló que desde el inicio de la actual gestión se perdieron más de 19.000 empresas y 276.000 puestos de trabajo en todo el país, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). En Santa Fe, entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, desaparecieron más de 2.000 empleadores y se perdieron 15.657 empleos registrados.

Desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) advirtieron que la combinación de un dólar barato y la apertura importadora está acelerando el proceso de desindustrialización, con consecuencias directas sobre el empleo. Para su coordinador, el economista Andrés Asiaín, este escenario no es un efecto colateral sino un resultado buscado por la política económica, orientada a presionar al entramado productivo local y endurecer las condiciones de negociación salarial mediante la reducción del costo laboral.

En ese marco, el acuerdo entre Acindar y la UOM aparece como una herramienta defensiva para preservar los puestos de trabajo, aunque deja expuesta la fragilidad del sector industrial frente a un contexto económico que continúa deteriorándose.