En medio de disputas internas por el control del sector energético, el gobierno argentino se adentra en un territorio cada vez más conflictivo, impulsando una agenda de privatización que amenaza con concentrar el sector en manos de un reducido grupo de empresas "amigas". La falta de planificación en la gestión de servicios y el anuncio de cortes programados para el próximo verano generan alarmas sobre el futuro energético del país.

El jefe de gabinete, Guillermo Francos, atribuyó la falta de inversiones en el sector a gestiones anteriores, mientras la Secretaría de Energía presentó un "Programa de Emergencia Verano 2024-2025". Este plan incluye medidas controvertidas, como sobrecargos por consumo excesivo y la posibilidad de cortes programados, en un contexto donde los tarifazos han multiplicado las facturas de electricidad hasta diez veces en comparación con el año anterior.

Nicolás Malinovsky, director de Oecyt, critica la dirección de la política energética: "A simple vista, parece que carece de planificación, y su objetivo último es la privatización para maximizar ganancias en manos de unos pocos". Este enfoque se hace evidente con la anunciada privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A., la empresa responsable de las centrales nucleares del país, lo que podría significar el desmantelamiento del sector nuclear argentino y la pérdida de capacidades tecnológicas.

Mientras el mundo avanza en la transición energética, Argentina parece retroceder. La decisión de privatizar empresas clave, como Enarsa y YCF, y paralizar proyectos nucleares vitales, pone en riesgo la autonomía energética del país y su capacidad de innovar en tecnologías limpias. En particular, la paralización de proyectos con China ha sido criticada como parte de una estrategia más amplia para mantener el control estadounidense en la región.

La privatización de Nucleoeléctrica no solo abriría la puerta a la concentración del sector energético en manos privadas, sino que también podría resultar en una crisis de capacidades, dado que la empresa representa el 4,1% de la potencia instalada y el 7% de la energía generada en el país. Expertos advierten que la venta de Nucleoeléctrica podría significar el fin de los proyectos nucleares planeados, incluidas las centrales Atucha III y CAREM.

El contexto actual refleja un regreso a viejas políticas del pasado, donde el desmantelamiento del sector energético se convierte en una realidad preocupante. Con una dirección marcada por la falta de visión y planificación, Argentina corre el riesgo de despojarse de sus capacidades tecnológicas y su soberanía energética, mientras el gobierno avanza en una agenda que prioriza los intereses de un selecto grupo empresarial sobre el bienestar de la población.