El Gobierno nacional avanza en la redacción de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para modificar la estructura y el funcionamiento del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con el objetivo de ejercer un mayor control sobre la gobernanza del organismo y orientar las investigaciones hacia intereses productivos regionales. Sin embargo, desde el propio sistema científico advierten que la iniciativa sería inconstitucional y podría quedar rápidamente frenada por una multiplicidad de presentaciones judiciales.

Según fuentes del CONICET, la estructura del organismo —incluida su conducción y forma de gobierno— se encuentra amparada por el decreto 1661/96, dictado en el marco de una ley de emergencia económica, lo que le otorga fuerza de ley. En ese sentido, explican que cualquier modificación sustancial solo puede realizarse mediante una norma sancionada por el Congreso Nacional.

“Lo que regula la estructura del CONICET es un decreto con rango legal. Para cambiarlo no alcanza un DNU, salvo que existan facultades extraordinarias delegadas por el Congreso, y esas facultades ya no están vigentes”, señalaron desde el organismo científico. Según detallaron, las atribuciones delegadas por la Ley Bases vencieron el 9 de julio de 2025, por lo que actualmente cualquier reforma debería tramitarse por vía legislativa.

El plan oficial contempla cambios en la asignación de fondos, en los mecanismos de selección de proyectos y en la orientación de las investigaciones, con mayor énfasis en sectores como energía, minería y producción regional. La iniciativa, trabajada en los equipos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y de la Secretaría Legal y Técnica, apunta a descentralizar decisiones hacia las universidades, pero con una supervisión más estricta del Poder Ejecutivo sobre qué se investiga y con qué objetivos.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca “reordenar incentivos” y lograr que la investigación científica tenga un impacto directo en la modernización productiva del país. Sin embargo, especialistas y referentes del sistema científico advierten que la estrategia elegida podría generar el efecto contrario: una parálisis institucional producto de una “lluvia de amparos” que cuestionen la validez constitucional del DNU.

Actualmente, el CONICET cuenta con 26.781 trabajadores, entre investigadores, becarios, técnicos y personal administrativo, y administra un presupuesto cercano a los 580 mil millones de pesos. Su estructura incluye 17 Centros Científico Tecnológicos, siete Centros de Investigaciones y Transferencia y más de 300 institutos de doble o triple dependencia con universidades nacionales.

El organismo es conducido por un directorio integrado por ocho miembros y un presidente, designado por el Poder Ejecutivo. Los directores surgen de ternas propuestas por investigadores, universidades, sectores productivos y el sistema científico provincial, con mandatos de cuatro años y renovación parcial.

Si bien el Gobierno había postergado una reforma más profunda, ahora busca avanzar sobre los procesos de ingreso, evaluación y promoción dentro del organismo, priorizando perfiles técnicos ligados a sectores estratégicos. En contrapartida, desde la comunidad científica advierten que un giro excesivamente productivista podría afectar la diversidad de líneas de investigación y relegar áreas como las ciencias sociales y las humanidades.

En este contexto, el debate sobre el futuro del CONICET se perfila no solo como una discusión política y científica, sino también como un nuevo frente judicial que podría extenderse en el tiempo y condicionar la implementación de cualquier cambio estructural.