En pleno debate por la reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei busca impulsar en sesiones extraordinarias, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, advirtió que los cambios en la legislación podrían quedar paralizados durante meses o incluso años como consecuencia de decisiones judiciales. El magistrado remarcó que el sistema argentino de control de constitucionalidad habilita a cualquier juez a declarar la invalidez de una norma.

Rosatti explicó que en la Argentina rige un modelo de control “difuso”, lo que implica que no existe un único tribunal con potestad exclusiva para declarar la inconstitucionalidad de una ley. “Nuestro sistema no prohíbe que cualquier juez pueda declarar la inconstitucionalidad”, señaló, y aclaró que si bien la Corte Suprema puede luego ordenar el criterio a través de su jurisprudencia, ese proceso “lógicamente lleva su tiempo”.

En ese marco, el titular del máximo tribunal alertó que una eventual reforma laboral podría enfrentar resoluciones dispares en distintos juzgados del país, generando un escenario de aplicación fragmentada hasta que la Corte unifique doctrina. “Una ley puede quedar suspendida en la práctica mientras se acumulan fallos contradictorios”, deslizó.

En una entrevista concedida a la revista Perfil, Rosatti recordó que esta situación ya se produjo con algunos artículos del régimen laboral incorporado en la Ley Bases, que fueron declarados inconstitucionales por un juez del fuero laboral y aún no cuentan con una resolución definitiva del máximo tribunal.

Consultado sobre la posibilidad de que el Congreso incorpore cláusulas que obliguen a los tribunales inferiores a acatar automáticamente los fallos de la Corte, el magistrado se mostró prudente. Señaló que, si bien el Poder Legislativo podría avanzar en ese sentido, una norma de ese tipo sería cuestionada judicialmente y debería ser evaluada por la propia Corte en cuanto a su constitucionalidad.

Rosatti también puso el foco en las consecuencias prácticas del sistema actual. Reveló que cerca del 60% de las causas que llegan a la Corte provienen del Estado, especialmente en materia previsional, aun cuando el tribunal ya fijó criterio sobre esos temas. “Decimos siempre lo mismo”, afirmó, al graficar la sobrecarga de litigios repetidos que enfrenta el máximo tribunal.

De este modo, el presidente de la Corte dejó planteado que el debate sobre la reforma laboral no solo es político o ideológico, sino también institucional. Según su análisis, sin un esquema que brinde previsibilidad jurídica, reformas estructurales de gran alcance corren el riesgo de quedar atrapadas en un prolongado limbo judicial.