La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha anunciado un paro nacional de 24 horas con movilización para el próximo jueves 5 de diciembre, en protesta contra lo que consideran un “recorte salarial” en las paritarias, el aumento de la violencia y las amenazas del Gobierno, así como los "exámenes de idoneidad ilegales" que se planean implementar en la Administración Pública. La medida fue decidida en el Plenario Federal de Delegados que tuvo lugar este martes en la sede del gremio, donde más de mil dirigentes de todo el país expresaron su rechazo a las políticas del Ejecutivo.

Rodolfo Aguiar, líder de ATE, fue contundente en su crítica: “Si los estatales no vamos a la huelga, estos tipos nos llevan puestos”, refiriéndose a las políticas de ajuste implementadas por el presidente Javier Milei. Aguiar destacó que, a su juicio, estas medidas ya han "destruido" los salarios y ahora buscan aplicar exámenes de idoneidad, que calificó de ilegales, como forma de despedir a trabajadores del Estado. Además, cuestionó la legitimidad de los funcionarios para evaluar el desempeño de los empleados públicos, argumentando que "no tienen ni idea" de lo que implica el trabajo en la administración estatal.

El paro también será acompañado de protestas en todo el país, con movilizaciones sobre rutas, asambleas y radios abiertas para generar conciencia sobre el ajuste previsto en el Presupuesto 2025 y su impacto en las provincias. La conducción del gremio dejó abierta la posibilidad de convocar nuevas jornadas de huelga si la situación no mejora.

Aguiar lamentó la creciente "persecución y maltrato" en el sector público, mencionando un clima de "autoritarismo y violencia" en las dependencias estatales. El dirigente también rechazó que el ajuste recaiga sobre los trabajadores de los estados provinciales y municipales, pidiendo un aumento salarial que permita a los empleados públicos superar la pobreza.

Con esta medida, ATE busca visibilizar las tensiones que atraviesan los trabajadores estatales frente a las políticas del Gobierno, que según el gremio, no solo afectan el bolsillo de los trabajadores, sino que también ponen en riesgo la estabilidad laboral dentro de la Administración Pública.