La industria textil atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Cierres de plantas, suspensiones que derivan en despidos y un mercado interno cada vez más retraído configuran un escenario crítico para uno de los sectores más intensivos en mano de obra. Desde el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), su secretario general, José Minaberrigaray, advierte que la situación no solo persiste sino que se agrava semana tras semana.

Según el dirigente gremial, en las últimas semanas se registraron alrededor de 300 despidos en distintas empresas del rubro, un dato que refleja una tendencia generalizada. “Las suspensiones se transforman en despidos y no hay señales de reversión”, señala, y apunta directamente a dos factores centrales: la apertura de importaciones sin regulación y la fuerte caída del consumo interno.

Minaberrigaray mantiene un diálogo fluido con empresarios textiles y asegura que, en privado, el diagnóstico es compartido. “Nadie plantea que la solución pase por cambios en la legislación laboral. Lo que permitiría volver a contratar personal es reactivar la economía, estimular el consumo y poner límites a la importación indiscriminada, además de aliviar la carga tributaria que pesa sobre toda la cadena productiva”, sostiene.

En ese sentido, rechaza el argumento oficial que responsabiliza a los costos laborales por los altos precios del sector. “El textil es caro por la presión impositiva acumulada en cada etapa de producción. Se instala la idea de que la ropa es más barata afuera, pero se omite que acá el peso de los impuestos es determinante”, explica. Incluso remarca que marcas internacionales venden en Argentina más caro que en otros países, y que hoy ni siquiera los productos importados logran sostener ventas por el derrumbe del poder adquisitivo.

Respecto de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, el titular de SETIA es categórico: “No va a generar empleo. A lo sumo, va a facilitar despidos más baratos”. En sus conversaciones con empleadores, afirma que ninguno espera aumentar planteles por cambios normativos. “Si crear trabajo dependiera solo de modificar leyes laborales, el mundo tendría pleno empleo”, ironiza.

El dirigente también cuestiona el enfoque sobre los aportes patronales y sindicales. “El empleador no financia al sindicato, el aporte lo hace el trabajador. Y lo que se está poniendo en discusión es el salario diferido: aportes a la obra social y al sistema jubilatorio, que forman parte del ingreso real del trabajador y hoy se están vaciando”, alerta.

La crisis del sector impacta de lleno en las negociaciones salariales. “Es muy complejo discutir paritarias cuando las empresas despiden personal, a veces pagando indemnizaciones en cuotas, y al mismo tiempo hay que actualizar los salarios de quienes siguen trabajando”, describe. Además, pone en duda las cifras oficiales de inflación: “Se habla de un 1,8 o 2%, pero esa no es la inflación que enfrenta un trabajador cuando llena el changuito”.

En el plano sindical, Minaberrigaray valora el rol de la CGT y su disposición al diálogo, aunque critica la falta de consulta por parte del Gobierno. “Muchas transformaciones laborales se dan a través de los convenios colectivos, que se actualizan permanentemente. En nuestro caso, el Convenio 808 fue renovado en 2024. No todo pasa por una ley”, remarca.

Finalmente, el dirigente también se refirió al escenario político y al reordenamiento del peronismo con vistas a 2027. Confirmó que participa en la construcción del espacio Fuerza Argentina, hoy integrado en Consolidación Argentina, desde donde impulsan la figura de Dante Gebel como posible candidato presidencial. “La política se volvió una suma de unidades de negocio y alianzas electorales sin capacidad real de gobierno. Gebel puede romper con esa lógica y ofrecer una construcción distinta”, concluye.